El Órgano Judicial solicitará 395 millones 28 mil dólares para el año 2026, de los cuales 366 millones 671 mil se destinarán a funcionamiento y 28 millones 356 mil a inversión.
Durante una revisión presupuestaria en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la magistrada María Eugenia López presentó el monto requerido para garantizar el funcionamiento del sistema de justicia en ese año.
En su exposición, López destacó los avances recientes, entre ellos la resolución de 290 mil casos en el bienio 2022-2023, lo que representó un incremento del 9% con respecto a 2021. Solo en 2024 se resolvieron 156 mil 327 casos, con un índice de resolución del 97%, tras la instalación de 18 nuevas dependencias judiciales a nivel nacional.
La magistrada subrayó que la institución tiene como prioridad adecuar espacios físicos, fortalecer la infraestructura tecnológica y mejorar los modelos de gestión, con el fin de alinearse al desarrollo económico y social del país. “Estos cambios e innovaciones dinámicas repercuten en los niveles de litigiosidad”, afirmó.
La mayor parte de los recursos solicitados estarán dirigidos a la jurisdicción civil, donde se implementará el nuevo Código Civil, se promoverá la digitalización de expedientes y se continuará con la construcción de sedes propias.
Además, se trabaja en la habilitación de más de 300 salas para audiencias orales, en el marco del nuevo sistema civil. Según datos del propio Órgano Judicial, la implementación del expediente judicial electrónico ha reducido los tiempos de trámite de 254 a 222 días.
Para el año 2025, se le asignaron 351 millones 234 mil dólares, de los cuales 344 millones 285 mil correspondieron a funcionamiento y 6 millones 949 mil a inversión.
También continúa la liquidación del sistema mixto inquisitivo, del cual aún quedan procesos pendientes, en su mayoría relacionados con personas prófugas o recursos en tribunales superiores y la Sala Penal de la Corte Suprema.
Actualmente, todos los nuevos casos ingresan al sistema a través del Sistema Penal Acusatorio (SPA), cuya implementación se inició en 2011 y se completó a nivel nacional en 2016.
Aún se desconoce cuánto solicitarán el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal como parte del sistema de administración de justicia para el presupuesto de 2026.
