El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) sigue en el ojo de la tormenta luego de que en las últimas horas salieran a la luz pública más nombres de políticos perredistas beneficiados con “auxilios económicos”.
Según reportó el medio digital Foco Panamá, uno de ellos es Diego Ábrego Díaz, hijo del diputado Roberto Ábrego, quien recibió $190 mil; mientras que a Kathy Ramos, directora de Género de la Asamblea Nacional, le otorgaron otro por $15 mil. Estos dos nombres se suman a la lista que incluye a la hija de la diputada Zulay Rodríguez ($61 mil) y a la hija del secretario general de la Asamblea Nacional, Quibián Panay ($81 mil), así como a personas cercanas a la diputada Rodríguez.
El abogado y candidato a diputado por libre postulación Ernesto Cedeño propuso hacer una auditoría de todos los programas de ayuda financiera del Ifarhu, así como la intervención de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) para establecer posibles violaciones a la ética, y de la Procuraduría de la Administración, para investigar el desempeño administrativo de los funcionarios encargados de su manejo.
Cedeño remarcó que la Contraloría General de la República no está jugando su función de verificar el uso que se le está dando a los fondos públicos y determinar si existen irregularidades que deban llegar a la esfera de la justicia penal.
Por su parte, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro justicia, estimó que, de lo que se ha hecho público, lo que se evidencia en el Ifarhu no es más que la confirmación de la distorsión de la clase política en cuanto a su responsabilidad con el manejo de los fondos públicos.
Insistió en que la poca transparencia que existe, en este caso de las actuaciones del Ifarhu, hace que se administren mal los recursos destinados a apoyar a jóvenes con talento y méritos que carecen de recursos financieros para asegurar sus estudios.
Lee manifestó que es conocido que se le pide a los aspirantes en algunos de los programas de ayuda económica “la carta de recomendación” de un diputado o dirigente político, y a pesar de ello no se hace nada para limitar y castigar a quienes siguen utilizando esta práctica clientelar.
