Una nueva acción legal fue presentada contra el proyecto del nuevo Mercado del Marisco que impulsa el alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, y cuyo presupuesto alcanza unos $43 millones.
Se trata de un amparo de garantías constitucionales interpuesto ante el Juzgado Primero de lo Civil por miembros del movimiento Ciudadanos Pro Revocatoria, dos días después de que la alcaldía capitalina publicó en el portal de Panamá Compra la licitación del proyecto.
La acción de amparo de garantías constitucionales ataca el Acuerdo No. 24 emitido por el Consejo Municipal de Panamá el 15 febrero pasado y que autoriza al alcalde Fábrega a convocar el acto público para la construcción del nuevo mercado.
El movimiento Ciudadanos Pro Revocatoria pretende dejar sin efecto el citado acuerdo municipal, con el argumento de que el proyecto no tuvo la debida divulgación y, por tanto, no cumplió con la debida consulta ciudadana.
En ese sentido, el amparo de garantías alega “evidentes” violaciones al debido proceso por parte del Consejo Municipal de Panamá al dar por bueno un “deficiente acto de participación ciudadana” que, según el movimiento, contraviene claramente las normas de descentralización.
Los demandantes se basan, precisamente, en la Ley 37 de 2009, sobre Descentralización de los gobiernos locales, y en el Decreto Ejecutivo N° 10 dictado por la Presidencia de la República en enero de 2017, el cual reglamenta dicha descentralización.
A su juicio, esta norma “tiene plena vigencia a partir del reforzamiento y valorización del papel de los gobiernos locales emanados del voto popular y del fomento de una auténtica participación e integración ciudadana en la planificación, ejecución y evaluación del proceso de desarrollo local y, por ende, de la nación”.
“La consulta ciudadana es un derecho constitucional”, afirmó Luis Pinedo, uno de los voceros del grupo que interpuso el amparo de garantías constitucionales.
“Un mercado del marisco que no pasó una verdadera consulta ciudadana no formó parte de ninguna audiencia pública. Un mercado que no está en un presupuesto participativo, sino en uno impuesto, viola los derechos constitucionales de muchos ciudadanos”, añadió el dirigente.
De acuerdo con Pinedo, tiene que quedar claro que la construcción de un nuevo mercado de mariscos es un proyecto que involucra a la ciudad de Panamá y no un solo corregimiento, como Calidonia, donde se pretende desarrollar la obra.
El movimiento ciudadano argumenta, finalmente, que además de la afectación de las garantías constitucionales de los residentes de la capital, en este caso se está frente al posible uso indebido de fondos municipales obtenidos por el recaudo del Impuesto de Bienes Inmuebles que pagan todos los panameños.
