El pleno de la Corte Suprema de Justicia negó una solicitud de salida del país a la diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Giselle Burrillo, como parte del proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).
En una audiencia celebrada el pasado jueves 4 de agosto, el pleno de la Corte –instancia ante la que se ventilan los procesos penales de los diputados– decidió no acceder a la petición de Burillo, aduciendo que no presentó una justificación adecuada para ausentarse del país.
El acto estuvo presidido por el magistrado José Ayú Prado, en calidad de sustanciador, mientras que la magistrada María Eugenia López Arias actuó como fiscal.
También decidieron mantenerle la medida cautelar de impedimento de salida del país por este proceso.
A Burillo se le procesa por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Ampyme entre 2011 y 2014, época en que dirigió esa institución.
En junio de 2020, tres exfuncionarios de la Ampyme fueron condenados a 36 meses de prisión por el delito de peculado, a raíz de irregularidades en la celebración de 38 contratos menores con la sociedad Grupo Orme, S.A., para el servicio de transporte de plantas móviles en el país. Se concluyó que hubo inconsistencias e irregularidades que ocasionaron una lesión al Estado por $91 mil 913. El caso de Burillo fue enviado a la Corte por ser diputada del Parlacen.
