Un recurso de habeas data fue presentado en la Corte Suprema de Justicia ante la negativa de la Caja de Seguro Social (CSS) de suministrar copia del estudio de factibilidad que respalda la convocatoria a un acto público para el suministro, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y acompañamiento de un sistema de concentradores de oxígeno médico, por $101.2 millones.
El recurso presentado por el abogado Víctor Caicedo, en su propia representación, precisa que se ha solicitado en reiteradas ocasiones a la CSS información sobre el estudio de factibilidad que permitiría desarrollar el citado proyecto, pero dicha documentación no le ha sido suministrada.
El recurso se fundamenta al artículo 8 de la Ley 6 de 22 de enero de 2002 (Ley de Transparencia), en el que se establece que las instituciones del Estado están obligadas a brindar a cualquier persona que lo requiera información sobre el funcionamiento y actividades que desarrollen, sin que el solicitante tenga que aportar mayores explicaciones.
El escrito también plantea que el 19 de enero pasado se hizo llegar el requerimiento de información a la CSS, pero que pasado 30 días (que es el plazo que establece la ley) no se ha recibido contestación.
Explica que la CSS desembolsará una importante suma de dinero en la instalación de una planta para el suministro de oxígeno médico, sin que a la fecha un estudio respalde la necesidad de esta inversión.
La primera convocatoria pública para la presentación de las propuestas era en enero pasado, pero se pospuso para el 17 marzo. No se ha informado cuáles fueron las empresas interesadas que se presentaron al acto y si surgieron propuestas de cambios en las condiciones pactadas..
Cuando el plan se presentó para su aprobación en la junta directiva, obtuvo 8 votos a favor: los de Miguel Ángel Edward, Guillermo Puga, Alfredo Macharaviaya, Roberto Valencia, Manuel Pérez, Victoria de la Rosa, Justo Medina y Fernando Méndez.
Aida de Maduro, actual presidenta de la junta directiva, se abstuvo de votar, mientras que Camilo Valdés y Gregorio Guerrel fueron los únicos dos miembros de la directiva que dijeron no estar de acuerdo. Las negativas surgieron ante la falta de un sustento técnico-financiero detallado que demostrara la necesidad de dicha contratación.
