El procurador de la Administración, Rigoberto González, acogió la denuncia administrativa presentada en contra de funcionarios de la Autoridad Nacional de Descentralización, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República, por los supuestos desvíos de fondos millonarios a juntas comunales, dirigidas por miembros del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).
De esta forma, el procurador inicia la investigación solicitando los respectivos “informes explicativos” a las autoridades, en concreto, a Edward Mosley Ibarra, director de la AND; al contralor Gerardo Solís, y a los ministros Héctor Alexander (del MEF) y José Simpson (de la Presidencia).
En la denuncia administrativa que presentó el abogado Ernesto Cedeño, se pide que sea investigada la conducta de los funcionarios que hicieron viable el uso de dichos fondos, sobre todo en tiempos que se desarrollan campañas políticas debido a las primarias en los partidos políticos.
Esto, a raíz de una publicación que hiciera La Prensa en la que se indica que en los últimos tres años, la AND ordenó pagos por $202.4 millones a 475 de las 679 juntas comunales del país, fuera del esquema establecido por la ley, siendo los corregimientos con representantes del gobernante PRD quienes se llevan la mayor parte del dinero, aumentando así los fondos en 2022 y 2023, en tiempos de campaña.
El señor Procurador de la Administración @ProcuadmonPma acoge mi denuncia, sobre el supuesto uso político de los fondos entregados por la Autoridad de Descentralización e inicia la investigación pidiendo informes. pic.twitter.com/I96KAHQ1kE
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) May 19, 2023
También destacó que los fondos que reciben estas autoridades locales deben ser a través de transferencias a cuentas del tesoro de los municipios y no de forma directa.
“Hay 2 mil 361 partidas directas para juntas comunales refrendadas por Contraloría fuera de procedimiento”, aseguró Cedeño.
El Gobierno ha guardado silencio por este tema y la Fiscalía Electoral aseguró que “el manejo de dineros por las alcaldías y juntas comunales no es exclusivo de este proceso electoral”, por lo que no mostró intención en abrir una investigación por la presunta comisión de delitos electorales.
