El procurador general de la Nación, Javier Caraballo, remitió la tarde de este martes 31 de octubre su opinión a la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley 406 del 20 de octubre del 2023, que adopta el contrato entre el Estado y Minera Panamá: es ‘inconstitucional’.
Así lo informaron fuentes del Ministerio Público a La Prensa.
La opinión de Caraballo fue solicitada por el magistrado Olmedo Arrocha, quien es el ponente de la demanda de inconstitucionalidad que presentó Martita Cornejo contra la Ley 406. Dicha demanda fue presentada y admitida el pasado viernes 27 de octubre.
En total, hay ocho demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406. Todas han sido admitidas ya.
El Ejecutivo, después de haber sancionado y promulgado en Gaceta Oficial el contrato minero el mismo día que fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, ahora impulsa una consulta pública, el 17 de diciembre, para decidir la terminación o no de dicho contrato con Minera Panamá.
La Asamblea Nacional debe aprobar, en sesiones extraordinarias, el proyecto de ley 1109, que ordena la consulta pública, cuyo resultado, según el Ejecutivo, será vinculante.
