“Sin duda alguna, el flagelo del narcotráfico está en todos los sectores. No se escapa un solo sector que no se vea afectado de manera individual o de manera colectiva”.
Así lo reconoció el pasado 25 de agosto el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, al sustentar el proyecto de ley 859, relacionado con el destino de los bienes aprehendidos a narcotraficantes y lavadores de dinero, entre otros.
Un día antes, circulaba en redes sociales sociales una foto que él mismo había publicado en su página de Facebook en junio pasado sobre una visita a Isla Grande, con la siguiente leyenda: “Muy grata también la presencia del amigo representante de Isla Grande, Dimas Melchor Menchaca”.
Melchor, del partido Cambio Democrático (CD), fue detenido en la llamada Operación Fuego, ejecutada por Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas. También aparecen en la foto el alcalde de Portobelo, Carlos Chavarría, y los diputados disidentes de CD Yanibel Ábrego y Nelson Jackson.
Lo dicho por Adames tiene antecedentes que involucran al propio órgano del Estado que él dirige. Ya en 2011, un vehículo con placa del diputado Raúl Pineda fue encontrado con 140 kilos de droga. Varios funcionarios, algunos en planillas de diputados, han sido capturados por delitos relacionados con drogas. El propio Adames tuvo que separar del cargo el año pasado a un funcionario del Legislativo detenido junto a otras 15 personas en una diligencia antinarcóticos (operación Master).
“Así van a caer muchos más”: Pino
El caso de Melchor es un ejemplo de lo que está ocurriendo en la sociedad, según el titular del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), Juan Pino. “Así van a caer muchos más”, advirtió el funcionario este fin de semana, al insistir en la necesidad de que el Legislativo apruebe el proyecto de ley que crea la jurisdicción de extinción de dominio, que él presentó el 28 de abril de 2021 y que permitiría que los bienes de origen ilícito pasen a manos del Estado.
Reiteró que hay que debatir el tema cuanto antes, porque las organizaciones criminales harán lo que sea posible para lograr sus objetivos. “Penetrar lo que haya que penetrar a través del dinero y la corrupción”, dijo.
Ya en 2015 se presentó un proyecto similar que creaba la jurisdicción de extinción de dominio, que tampoco prosperó en el Legislativo.
La nueva distribución, según Crispiano Adames
La que sí ha avanzado es la propuesta puntual de Adames, presentada el 28 de julio pasado, que cambiaría el reparto de los bienes comisados provenientes del narcotráfico, blanqueo de capitales, terrorismo y otros.
El 25 de agosto pasado, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales aprobó el proyecto 859 en primera debate. La iniciativa reforma el texto único de la Ley 23 del 30 de julio de 1986, que modificó algunos artículos del Código Penal y el Código Judicial, y creó la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de Drogas (Conapred).
Actualmente esa norma, modificada a su vez por la Ley 57 de 2013, permite que estos bienes queden a órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su venta o liquidación y posterior distribución, según el siguiente criterio: 35% para el Minseg, 30% para la Conapred, 15% para el MEF, 10% para Pandeportes y 10% para el Ministerio de Cultura.
Y no es poca cosa lo que se distribuye. Solo el año pasado, la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos del MEF autorizó la distribución de $18,696,470.33 y en lo que va de 2022 se tienen acumulados $18,420,846.66.
El MEF intentó en abril de 2021, a través del ministro Héctor Alexander, ampliar el alcance de esta dirección, mediante el proyecto de ley de Ley 599, que reformaría la Ley 57 de 2013 con la idea de que los bienes depositados en el Banco Nacional de Panamá a órdenes del Órgano Judicial o del Ministerio Público y “sobre los cuales no se haya ordenado pena de comiso, no se haya remitido comunicación alguna a la entidad bancaria o realizado gestión por parte de la autoridad competente” quedaran a órdenes del MEF en calidad de “bienes comisados”. No pasó de la Comisión de Economía y Finanzas, porque el Ministerio Público advirtió, en julio pasado, que el “comiso” es una pena y, por tanto, solo puede ser dictada por un juez.
El caso de Colombia
En su sustentación del fideicomiso para el Conapred, el propio Adames citó los mecanismos de ventas de bienes aprehendidos a la delincuencia organizada que usa Colombia a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Pero, precisamente, en Colombia esa fórmula de venta masiva de dichos bienes surgió de su legislación de extinción de dominio (Ley 1708 de 2014).
Adames citó al presidente colombiano, Gustavo Petro, quien plantea que la guerra tradicional contra las drogas ha dejado un “millón de latinoamericanos asesinados durante estos 40 años” y “70,000 norteamericanos muertos por sobredosis”.
Justamente, la distribución de los bienes de los narcos también es objeto de debate en Colombia actualmente. Petro anunció el pasado 17 de agosto que el dinero, terrenos y demás propiedades que las autoridades incauten, o que ya tiene extinción de dominio, y que pertenecían a los narcos y otros criminales, deben servir para los colombianos de más bajos recursos. Ahora está por verse cómo se podrá concretar esta iniciativa.
En Panamá, sin embargo, las autoridades de seguridad siguen esperando para tener una legislación de extinción de dominio.
Jonathan Riggs, secretario general del Minseg, informó que el proyecto sigue en la Comisión de Gobierno, que preside el diputado Leandro Ávila, luego de que una subcomisión presidida por el diputado Víctor Castillo entregara un informe con una serie de observaciones.
La diferencia entre lo que actualmente hace el MEF y lo propone el Ejecutivo, con el apoyo del Ministerio Público –dice Riggs– es que no habría que esperar que termine el proceso penal contra el particular, porque lo que se investiga es el origen de los bienes. Es decir, puede ser paralelo al proceso penal, lo cual lo haría más expedito, explicó.
