La creación de un equipo regional interinstitucional para la ubicación, reconocimiento e identificación de los cuerpos de migrantes fallecidos en la selva del Darién, que intentan cruzar el istmo centroamericano con destino al norte del continente fue propuesta por el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), Vicente Pachar.
Pachar reconoció que los agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), peritos forenses y funcionarios del Ministerio Público que laboran en esa región reciben “múltiples reportes” de migrantes que denuncian haber visto cuerpos y restos humanos en las trochas que conectan Colombia con Panamá, pero que esa información necesita ser corroborada para identificar a las posibles víctimas.
Dijo que la fórmula viable sería establecer un equipo compuesto por especialistas de los países de tránsito de los migrantes para tener información certera de su identidad. La mayoría de esos migrantes vienen de Venezuela, pero otros si bien son venezolanos provienen de países como Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, donde intentaron asentarse sin éxito. También usan las trochas del Darién haitianos, cubanos e, incluso, africanos.
Según Pachar este equipo podría hacer recorridos por las trochas, obtener muestras de material hereditario humano, incorporarlas a la base de datos del banco de ADN y cruzarla con la información que se tenga de los países de origen de los migrantes, a fin de identificar a las posibles víctimas.
La misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que unas 30 personas han muerto en los últimos años en esta ruta y se prevé que al cierre de 2022 el número de migrantes que ha cruzado Darién superará la inédita cifra de 200 mil.
El pasado 11 de octubre el Imelcf hizo la presentación del Manual General del Banco de Datos y Base de Datos de ADN.
El laboratorio de análisis de ADN estuvo cerrado por un mes debido a daños registrados en sus equipos, pero ya se encuentra funcionando para atender análisis de paternidad, identificación de investigados por delitos y personas desaparecidas.
Este proyecto cuenta con la colaboración de la Sección de Asuntos Antinarcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos y del consorcio integrado por el Centro de Identificación Humana del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte de Texas y la firma forense Gordon Thomas Honeywell Governmental Affairs.
El procurador Javier Caraballo calificó la iniciativa como una herramienta fundamental para el esclarecimiento de delitos que de otra manera serían muy difíciles de resolver, ya que el uso de los perfiles de ADN puede ubicar a un criminal en una escena de crimen o excluirlo de sospechas.
Caraballo detalló que con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio, a partir de 2016, se da prioridad a las pruebas científicas antes que a las testimoniales.
