Para el exmagistrado Harry Díaz, que fungió como fiscal en el proceso seguido a Ricardo Martinelli por presunto espionaje político, cuando la competencia del caso la tenía la Corte Suprema de Justicia, consideró que la absolución del expresidente es “una muestra más que estamos a dos pasos de un Estado fallido”.
El exgobernante fue absuelto la noche del pasado 9 de noviembre, porque las juezas Iveth Francois Vega, Jennifer Saavedra y Marisol Osorio consideraron que el Ministerio Público no probó que el acusado ordenó interceptar las comunicaciones y dar seguimiento a más de 150 políticos, periodistas, magistrados, sindicalistas, diplomáticos y empresarios opositores de Martinelli, entre 2012 y 2014, utilizando personal y equipos del Consejo de Seguridad Nacional (CSN).
De los 150 “objetivos” del CSN, 49 fueron reconocidos en el expediente como víctimas y seis de ellos incluso se constituyeron en querellantes particulares (cuatro de los cuales lograron este año acuerdos económicos extrajudiciales con el acusado). En el expediente hay constancia que ninguna de esas interceptaciones fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia.
“Hay 49 personas pinchadas, que solo pudieron serlo con un software sofisticado que las propias juezas reconocieron que lo compró el Estado panameño, para ser utilizado por el Consejo de Seguridad. ¿Quién controla el Consejo de Seguridad? Exclusivamente el presidente de la República”, señaló Díaz.
Recordó que el Decreto Ley 9 de 2008, que organiza el CSN, fue derogado a través de la Ley 11 del 18 de marzo de 2010, aprobada por la Asamblea Nacional cuando José Luis Varela (que, a la postre, resultó ser una víctima de los pinchazos ilegales y fue testigo de la fiscalía) era el diputado presidente y sancionada por el entonces presidente Martinelli.
“Al día siguiente, Martinelli emitió un decreto ejecutivo señalando que era el único mandamás del consejo”, remarcó Díaz, recordando además que las interceptaciones se realizaron en el edificio 150 de Ancón, aislado del resto del complejo del CSN, inmueble al que solo ingresaban tres agentes (Ronny Rodríguez, Ismael Pittí y William Pittí) que solo rendían cuentas de sus tareas al entonces gobernante.
Ronny Rodríguez y William Pittí actualmente están prófugos de la justicia.
“¿Quién más pudo ordenar los pinchazos? ¿Quién se jactaba públicamente de tener un dossier de todos? ¿Qué pretendían las juezas? ¿Que hubiera un video filmando específicamente a Martinelli, ordenando interceptar la privacidad de alguien? La sana crítica, la experiencia y el sentido común deben regir en los fallos”, señaló Díaz.
“También quiero mencionar que ya Guillermo Márquez señaló públicamente en un video, que Martinelli, antes de ser presidente, dijo: ‘llegas a la presidencia, te robas 500 millones y después usas 250 para pagar abogados y magistrados’. ¿Hay algo más que decir?”, preguntó.
Por estos mismos hechos, dos exdirectores del CSN -Alejandro Garuz y Gustavo Pérez- fueron condenados a 60 meses de prisión, cada uno.
En la vista fiscal que elaboró, Díaz pedía una pena de 21 años de prisión para Martinelli, por la presunta comisión de cuatro delitos, incluyendo dos de peculado, que al final fueron excluidos de la causa.
