Para la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, la renuncia del exprocurador Eduardo Ulloa ha dejado en el país “más vacíos que respuestas”.
“El más alto funcionario del Ministerio Público debe poder tolerar la libertad de expresión y de prensa que es parte de la naturaleza del cargo”, recordó la fundación en un comunicado divulgado la tarde de este jueves 25 de febrero.
Otro punto que recalcó la fundación es que si Ulloa recibió presiones externas, sean mediáticas, políticas, económicas o criminales, estaba obligado por ley e integridad personal a informar al país y denunciarlas.
Los miembros del capítulo panameño de Transparencia Internacional recordaron que el procurador de la Nación debe servir a la ciudadanía, no al poder.
“Un procurador que transparenta su gestión y hace alianza con la ciudadanía es un procurador que tendrá la fuerza y la protección del pueblo al que sirve”, añadieron.
La reacción de la fundación es día después de la renuncia irrevocable de Ulloa como jefe del Ministerio Público, la cual será efectiva a partir del 1 de marzo.
Ulloa presentó su renuncia al cargo, a casi 14 meses de haber asumido el puesto, en reemplazo de Kenia Porcell. Fue seleccionado por el presidente Laurentino Cortizo luego de hacer el análisis del perfil de varios abogados panameños.
La ciudadanía se enfrenta de nuevo al “peligro del cáncer social que es la impunidad” en casos, como Odebrecht 1 y 2, escuchas telefónicas del ex presidente Ricardo Martinelli, Blue Apple y FCC, enfatizó la fundación.
Otras investigaciones que podrían quedar impunes según la fundación son los más de treinta casos de corrupción pública de alto perfil que involucran a las administraciones 2009-2014 y 2014-2019, a funcionarios y políticos del Ejecutivo y del Legislativo, los trece casos abiertos desde el inicio de la pandemia por posible corrupción de funcionarios del actual gobierno y las quince investigaciones reportadas abiertas en el doloroso caso de los albergues.
