La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió un recurso de casación presentado en favor del exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburelli, Heriberto Yunito Vega, Luis Alberto Vega Pérez, Estilio Díaz, y Luis Alberto Hernández, y les mantuvo la condena a 96 meses de prisión por el delito de peculado.
A través del edicto No. 48 colgado este viernes en la secretaría de la Sala Penal se informa que con la ponencia de la magistrada María Eugenia López y el voto favorable de las también magistradas Maribel Cornejo y Ariadne García, la Sala Penal mantuvo la sanción de 96 meses de prisión aplicada a los cinco imputados por el delito de peculado en perjuicio del PAN.
El 13 de abril de 2023, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó la sentencia condenatoria aplicada a los imputados por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales.
Inicialmente, el Juzgado Decimoquinto Penal el 10 de agosto de 2018, a cargo del entonces juez Leslie Loaiza, dictó un sobreseimiento a favor de todos los imputados, pero la Fiscalía Anticorrupción presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, que revocó la decisión de Loaiza y emitió una sentencia condenatoria.
La investigación se inició en el año 2014 por una denuncia presentada por Erasmo Muñoz, por supuesto tráfico de influencias y peculado a través de la entrega de recursos del Estado en favor de candidatos de partidos políticos.
La investigación de la fiscalía probó la existencia de una lesión patrimonial de $100 mil a través de la asignación de recursos para la realización de obras de infraestructura en Chitré, provincia de Herrera.
Heriberto Vega corrió para el cargo de diputado por el Partido Cambio Democrático (CD) en las elecciones generales del año 2014 por el circuito 6-2 (Los Pozos, Pesé y Parita). En la investigación se determinó que las empresas favorecidas por el PAN para la realización de las obras en Herrera pertenecían a allegados de Vega.
Este era el último recurso legal que los imputados tenían para intentar evitar la pena de prisión dictada en primera instancia. Luego de esta decisión, la Sala Penal debe enviar el expediente al juzgado de primera instancia para que se proceda a emitir las boletas de captura y sean enviados a un centro carcelario para cumplir la pena impuesta.
