La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia concedió un recurso de apelación presentado por la firma forense Carrera Pittí P.C., en representación de personas afectadas por el tóxico dietilenglicol, dentro del proceso de reparación económica contra el Estado (la Caja de Seguro Social), por un monto de $308 millones 665 mil.
La resolución, bajo la ponencia de la magistrada María Cristina Chen Stanziola, fue notificada el pasado 28 de diciembre a las partes, a través del Edicto No 3,750.
Carreira Pittí reclama al Estado panameño el pago de $168.3 millones en concepto de lucro cesante (es decir, dinero dejado de percibir por la mala prestación del servicio) y $139.7 millones por daño moral ocasionado a las víctimas.
Francisco Carreira Pittí, abogado de un grupo de víctimas del tóxico, explicó que la Sala Tercera le admitió nuevas pruebas del Instituto de Toxicología de la Caja de Seguro Social (CSS), en las que se confirma la afectación de una pluralidad de personas que tomó medicamentos contaminados con el tóxico mortal.
También explicó que se logró incluir en la demanda a un grupo de personas que inicialmente había sido excluida por errores en la documentación entregada a la Sala Tercera de la Corte, pero que esto fue subsanado.
La firma forense representa a 621 personas afectadas por el consumo de medicinas contaminadas con dietilenglicol, que fueron distribuidas en el año 2006 por la CSS. Este reclamo no guarda relación con las 426 demandas de indemnización presentadas por el abogado Víctor Orobio, en representación de otro grupo de pacientes afectados por el tóxico.
Hasta 2015, cuando el Ministerio Público cerró la investigación, oficialmente se había reportado la muerte de 170 personas, de un total de 8,000 que se calcula pudieron haber consumido los medicamentos contaminados.
Las medicinas fueron elaboradas con dietilenglicol en vez de glicerina. La investigación probó que el producto fue importado por Medicom, S.A., un proveedor pequeño de la CSS.
