La Sala Tercera Contencioso Administrativa y Laboral de la Corte Suprema de Justicia no admitió la suspensión provisional del proyecto Puerto Barú solicitada dentro de la demanda de nulidad interpuesta por los abogados Martita Cornejo Robles y Manuel Alejandro Ruiz.
A través del edicto No. 1701 fijado en la Sala Tercera de la Corte el pasado 22 de julio y bajo la ponencia del magistrada María Cristina Chen Stanziola se informa a las partes la decisión adoptada por esa corporación de justicia.
La demanda presentada por Cornejo y Ruiz buscaba que la Sala Tercera declare nulo el estudio de impacto ambiental No. DEIA-IA-0003-2024 expedido por el Ministerio de Ambiente, que permite el desarrollo del proyecto Puerto Barú.
De acuerdo con la demanda, la ejecución del proyecto Puerto Barú causará graves afectaciones al ecosistema marino en el área de David, Chiriquí, por lo que es necesario la suspensión provisional del proyecto para evitar daños irreversibles.
La demanda sostiene que el proyecto se desarrolla en partes de áreas protegidas de manglares que son necesarias para el desarrollo de actividades de pesca y que presta un servicio inestimable a esa región del país.
Grupos ambientalistas aseguran que el área en cuestión alberga el 25% de los manglares que quedan en Panamá, ecosistemas vitales para la biodiversidad, que incluyen especies en peligro crítico de extinción, como la tortuga carey y el mono negro centroamericano.
Las organizaciones ambientales argumentan que el EIA aprobado por la administración anterior de MiAmbiente presenta graves deficiencias, señalando que no cumplió con los procedimientos legales necesarios para su evaluación, lo que impide una correcta estimación de los verdaderos impactos que el proyecto podría tener sobre los ecosistemas cercanos.
El EIA para el proyecto Puerto Barú, que incluye un dragado de 11 metros de profundidad y la construcción de un canal de 31 kilómetros de longitud, lo suficientemente ancho para la navegación de barcos destinados al transporte de mercancías, hidrocarburos y personas.
Este canal se proyecta dentro de un área protegida que alberga el 25% de los manglares de Panamá, lo que ha generado fuertes críticas de los grupos ambientalistas.
