Panamá muestra un incremento de acciones judiciales contra medios de comunicación, periodistas y generadores de opinión (influencers) como “herramienta de intimidación para promover la autocensura”, destacó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), este miércoles 21 de octubre.
La presentación del informe sobre el estado de la libertad de prensa y de expresión en Panamá se celebró en el marco de la primera asamblea general que la SIP celebra en pandemia, de forma virtual. La reunión de marzo pasado en Saltillo, México, fue suspendida.
Precisamente, la SIP atribuye a la pandemia los “ajustes” realizados por varios medios panameños, para garantizar su sostenibilidad en medio de la crisis económica que trajo el virus. También menciona que se desconoce el uso de fondos públicos durante la pandemia, porque la Corte Suprema de Justicia no admitió una acción de habeas data que solicitaba información sobre estos manejos, pese a que su acceso está dispuesto en la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia). El informe recoge la “preocupación” por el funcionamiento efectivo de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). Desde el 13 de marzo, está vigente el “estado de emergencia” declarado por el Ejecutivo, el cual flexibiliza la compra de insumos y equipos médicos.
La SIP destaca en su informe país el secuestro de las cuentas y activos de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), por hasta $1.3 millones, ordenado en julio pasado por la juez civil Lina Castro, a favor del expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares. El proceso instaurado contra La Prensa se remonta al año 2012, y todavía está en fase de pruebas. No hay una sentencia condenatoria o en firme.
“En el ámbito civil, la legislación permite que ante un proceso por daños y perjuicios, el reclamante -sin todavía sentencia a su favor- pueda promover el congelamiento de activos. Existe una norma que prohíbe que se dicten medidas cautelares sobre bienes y activos de la radio y la televisión, pero no para medios impresos y digitales”, señaló la SIP en su informe.
También se hace referencia a las acciones presentadas por otro expresidente -Ricardo Martinelli- y su familia, contra Corprensa -que edita La Prensa y Mi Diario-, las cuales ya suman 38 periodistas y directores demandados, con reclamos acumulados por más de $46 millones. La última demanda fue contra Mi Diario.
Corprensa también enfrenta la prohibición de fotografiar al abogado Jaime Lescure, dictada por la juez de garantías Elkis Martínez Agrazal. Lescure ha sido objeto de publicaciones por presuntamente pagar sobornos a jueces y magistrados.
La SIP también expresa su preocupación porque se mantiene vigente el artículo 195 del Código Penal, que penaliza la injuria y la calumnia a través de los medios de comunicación. La condena es de hasta 18 meses de prisión, o su equivalente a días multas. “En materia civil, existe preocupación por reclamaciones cuantiosas, procesos que intimidan a los periodistas y comprometen el funcionamiento de los medios”.
También se advierte en el informe que en septiembre, el Tribunal Electoral entregó un proyecto de reformas al Código Electoral que tipifica como una falta (sancionable con multa) la difusión de noticias falsas y la desinformación, durante un proceso electoral.
Lea aquí el informe completo de Panamá, presentado en la 76ª Asamblea General de la SIP
En el informe también se documentan la investigación seguida por la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), presuntamente con fondos públicos (caso New Business) y las amenazas recibidas por el portal digital Foco Panamá, por las que ya ha pedido medidas de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
