El magistrado del Tribunal Superior de Liquidación, José Hoo Justiniani, informó que en el proceso de liquidación del sistema inquisitivo mixto, sólo quedan 787 casos por resolver, expedientes que están ubicados en los juzgados liquidadores de Panamá, Chiriquí, Colón, Bocas del Toro y Darién. En los mismos, hay 115 procesos con reos en rebeldía.
Hoo Justiniani, en una entrevista al programa De la mano con la justicia, que emite el Órgano Judicial en sus redes sociales, reveló que la provincia de Panamá es la que tiene el mayor número de expedientes en trámite: 449, de los cuales 425 corresponden al Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales y 24, al Juzgado Segundo Liquidador.
Mientras que en la provincia de Chiriquí existen 114. Le siguen Colón, con 81; Bocas del Toro, con 61; Darién, con 44; San Miguelito, con 14; Panamá Oeste, con 13; Herrera con 7; Veraguas con 3, y Coclé, con 1.
El magistrado Hoo Justiniani destacó que existen 115 expedientes con reos en rebeldía, por lo que se coordina con la policía y otros estamentos de seguridad pública para ubicarlos con el propósito de que atiendan sus responsabilidades ante los tribunales.
En estos casos se ordena la suspensión del proceso hasta que se ubique a la persona prófuga y sea sometida a la justicia.
El magistrado calcula que se podría concluir los casos del sistema mixto en diciembre próximo, aunque reconoció que hay causas complejas, como los radicados en el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, que son casos de alto perfil relacionados con delitos de blanqueo de capitales.
Precisó que algunos de estos expedientes tienen hasta 1,000 tomos de investigación, lo que los hace difíciles de manejar, ya que requieren de mucho personal para atenderlos.
Acotó que la pandemia de la covid 19 afectó el desarrollo del proceso de liquidación, debido a que muchos funcionarios se contagiaron con el virus y las medidas de restricción aplicadas por las autoridades de salud implicó el cierre temporal de algunos despachos judiciales.
El proceso de liquidación de los juzgados del sistema inquisitivo conllevó la redistribución de los jueces y funcionarios hacia el sistema penal acusatorio (SPA) en todas las provincias.
El proceso
El acuerdo 89 de febrero de 2020 del pleno de la Corte Suprema de Justicia, ordenó el proceso de cierre de los juzgados del sistema inquisitivo de manera escalonada. Comenzó en la provincia de Panamá con los juzgados segundo y decimoquinto penal, que concluyeron sus labores el 31 de marzo de 2020.
Mientras que el 30 de abril del 2020 cerraron los juzgados séptimo, octavo y decimosexto penal. En diciembre de ese año, ocurrió lo mismo con los juzgados primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, noveno, décimo primero, décimo segundo, decimotercero, decimocuarto.
El acuerdo dispuso que si a la fecha de cierre, los juzgados no habían logrado evacuar todos sus expedientes, debían enviar los casos remanentes al Reparto Único de Expedientes (RUE) para ser distribuidos a otros juzgados.
También se dispuso que el juzgado decimoctavo (hoy Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales) vería solo expedientes sobre delitos financieros y blanqueo de capitales.
