Al menos 19 personas están bajo investigación por su presunta participación en una red dedicada a la usurpación de unas 13 mil 500 hectáreas de tierras en la provincia del Darién. Se trata de exfuncionarios de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), además de topógrafos y abogados.
Según la investigación adelantada por el Ministerio Público, este grupo facilitaba trámites para la obtención de títulos de propiedad, simulando ser peticionarios de derechos posesorios sobre parcelas de tierras del Estado y otras que estaban ocupadas por grupos indígenas. La investigación arrojó que, con la ayuda de los topógrafos, se levantaban planos de las parcelas para adjudicarlas a terceros. Incluso, algunas ya estaban en proceso de titulación por otras personas.
La tramitación de los derechos posesorios de las parcelas se lograba con la ayuda de funcionarios de la Anati y MiAmbitente, mientras que los abogados impulsaban el trámite de adjudicación.
Las tierras eran traspasadas a nombre de sociedades que luego las vendían a terceros para convertirlas en fincas ganaderas o para la extracción ilegal de madera. Los casos se han detectado en los distritos de Chepigana y Pinogana.
Los detalles
El primero de los casos se ubicó en la población de Amarradero en el corregimiento de Comogantí, Chepigana. En este sector se otorgaron derechos posesorios ilegales sobre 4 mil hectáreas de bosques. Aquí, la Fiscalía de Darién imputó cargos a 11 personas por la presunta comisión de los delitos de peculado, asociación ilícita para delinquir y tramitación ilegal de tierras.
La segunda investigación se adelantó en el sector de Aruza, en el corregimiento de Yape, distrito de Pinogana; causa en la que se han imputado a dos exfuncionarios y un particular por la supuesta comisión de los delitos de peculado, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tramitación ilegal de tierras.
Mientras que la tercera investigación se realizó en el sector de Gigralito de Puerto Piña y Quebrada Venado, en el distrito de Chepigana, en el que se traspasaron ilegalmente unas 1,500 hectáreas de bosques. A cinco personas se le imputaron cargos por la supuesta comisión de los delitos de peculado, blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y titulación ilegal de tierras.
La fiscalía detalló que en todos estos casos se detectó movimiento de fondos procedentes del extranjero que entraron al sistema financiero nacional, dinero que fue usado para la adquisición de las tierras, las cuales luego fueron transferidas a terceros.
