La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (FDLC-TI), advirtió que la independencia de los fiscales, liderados por los procuradores, es fundamental para garantizar investigaciones objetivas y procesos judiciales sólidos. Este llamado se da en el marco del Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre) y el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre).
La organización destacó que fortalecer la independencia judicial exige procesos de selección objetivos y libres de presiones indebidas, especialmente en cargos clave como los de Procurador General de la Nación y Procurador de la Administración.
Este martes 10 de diciembre, durante el foro “Nombramientos transparentes: instituciones fuertes”, se presentarán los informes de Veeduría Ciudadana sobre los procesos de designación de Luis Carlos Gómez Rudy como Procurador General en reemplazo de Javier Caraballo, y de Grettel Villalaz de Allen como Procuradora de la Administración en sustitución de Rigoberto González Montenegro. Ambos funcionarios ejercerán un mandato de 10 años a partir del 1 de enero de 2025, tras ser designados por el presidente José Raúl Mulino el pasado 1 de octubre.
El evento, que tendrá lugar en el hotel Sheraton Grand Panamá, contará con la participación de nueve panelistas:
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.
Katie Taylor, directora ejecutiva de la Panamerican Development Foundation.
Ben McIntosh, oficial de Programa para Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley (INL) en la embajada de los Estados Unidos en Panamá.
Farah Urrutia, colaboradora de la FDLC-TI Panamá.
Simón Tejeira Healy, coordinador de proyectos de la FDLC-TI Panamá.
Ana Matilde Gómez Ruiloba, excandidata presidencial y exprocuradora General de la Nación.
Luis Lucho Duke, diputado independiente de la Asamblea Nacional de Panamá.
Rolando Rodríguez Bernal, periodista de investigación y columnista del diario La Prensa.
Alfonso Grimaldo, editor en jefe de Nueva Nación.
La Fundación subrayó la urgencia de restaurar la confianza ciudadana en las instituciones, señalando que, según el Latinobarómetro 2023, solo el 26.1% de los panameños confía en el sistema judicial, una caída desde el 32% registrado en 2009. Este descontento también se refleja en la III Encuesta de Ciudadanía y Derechos del CIEPS, que reporta un rechazo generalizado hacia las instituciones públicas.
En palabras de la FDLC-TI, el fortalecimiento de la transparencia y la independencia judicial no solo es una demanda ciudadana, sino un requisito indispensable para combatir la corrupción y consolidar instituciones fuertes en Panamá.
