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Tras la pista de una red que creó un servicio migratorio paralelo

Tras la pista de una red que creó un servicio migratorio paralelo
El Ministerio Público investiga la posible vinculación de otros funcionarios con la red que alteraba los sellos de entrada y salida del país.. Richard Bonilla

La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada investiga la posible vinculación de funcionarios del Servicio Nacional de Migración (SNM) que alteraban documentos para la entrada y salida del país de ciudadanos extranjeros que pagaban por este servicio.

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Aprehenden a un funcionario del Servicio de Migración durante operativo Autoridades panameñas alertan que el crimen organizado lucra cerca de $700 millones con la migración irregularEl impacto de la migración será abordado por investigadores panameños en cumbre de la ONU

Durante las pesquisas se logró la detención de un colombiano, un policía, un funcionario y un exfuncionario del SNM, quienes eran parte del esquema para la alteración de los documentos de entrada y salida del país de los extranjeros.

Según las investigaciones, el ciudadano colombiano, quien era conductor de una plataforma de transporte, estaba encargado de contactar y transportar a las víctimas, a quienes se les ofrecía la regularización de su estatus migratorio por el pago de $500.

Luego, otro de los implicados, un exfuncionario de la entidad, los recibía y contactaba con personal del SNM, para que les colocaran los sellos que permitirían que estos extranjeros permanecieran en el país.

Las autoridades han ordenado una auditoría para revisar los sellos usados en los trámites realizados por este grupo y determinar el alcance de las irregularidades.

En este caso, la juez de garantías Clara Montenegro, en un audiencia celebrada el pasado viernes, imputó cargos por el delito de corrupción de funcionario y falsedad. Además, aplicó la medida cautelar de detención preventiva contra las cuatro personas que fueron aprehendidas durante los allanamientos realizados por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía.

Las autoridades presumen que otros funcionarios y particulares pueden estar implicados en la red.


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