El Tribunal Superior de Liquidación confirmó una pena de ocho años de prisión al exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburelli, al excandidato a diputado por el Partido Cambio Democrático Heriberto Yunito Vega, Luis Alberto Hernández, Estilio Díaz y Luis A. Pérez por la comisión del delito de peculado a través de la adjudicación de proyectos viales en la provincia de Herrera.
La decisión del tribunal fue enviada al Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, que a través del edicto No 735 fijado el pasado 28 de abril notificó a las partes de la decisión.
El Tribunal de Liquidaciones rechazó la apelación presentada por los abogados defensores y mantuvo la decisión del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales de aplicar la sanción de ocho años de cárcel para los cinco imputados.
El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales a través de la sentencia del 4 de octubre de 2022 condenó a los imputados, pero esa decisión fue apelada ante el Tribunal Superior de Liquidaciones por los abogados defensores.
Hay que recordar que inicialmente el Juzgado Decimoquinto Penal a cargo de Leslie Loaiza el 18 de agosto de 2018, había dictado un sobreseimiento a favor de todos los imputados al concluir que la Fiscalía Anticorrupción no presentó pruebas concluyentes del supuesto ilícito.
Sin embargo, la fiscalía apeló esa decisión ante el Tribunal Superior de Liquidación que la revocó y ordenó llamar a juicio a todos los implicados y en octubre del 2022 el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales emitió una sentencia condenatoria.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por Erasmo Elías Muñoz, el 2 de abril de 2014, en contra de varios funcionarios del PAN por presunto peculado y tráfico de influencias por la utilización de bienes y recursos del Estado para favorecer a candidatos de un partido político.
La investigación de la fiscalía anticorrupción reveló una lesión patrimonial superior a los $100 mil a través del otorgamiento de fondos a sociedades anónimas para la realización de obras de infraestructura en la provincia de Herrera.
Durante la investigación la fiscalía realizó una serie de inspecciones a las obras y se comprobó que estas no se concluyeron.
