El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó la decisión de la juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, de no enjuiciar a Importadora Ricamar, propiedad del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y su familia, dado que no se le puede atribuir un delito a una persona jurídica.
La decisión tuvo como ponente a Secundino Mendieta (quien recientemente se retiró del cargo de magistrado) y fue comunicada a través del Auto 46 del 2 de agosto pasado.
Aunque la Fiscalía Especial Anticorrupción del caso Odebrecht solicitó llamar a juicio a Ricamar, tanto el juzgado como el tribunal consideraron que se podía imputar cargos a las personas que figuraban como accionistas, beneficiarios, agentes residentes y representantes legales de sociedades que fueron usadas para la comisión del hecho delictivo, pero no así a ninguna de las personas jurídicas que aparecen en el sumario.
La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo había apelado la decisión adoptada por la juez Marquínez de no enjuiciar a Importadora Ricamar, por considerar que en Panamá sí existen antecedentes de personas jurídicas condenadas.
En la investigación realizada por la fiscalía se estableció que cuentas de Importadora Ricamar fueron usadas por Odebrecht para recibir fondos que procedían de actividades relacionadas con el soborno internacional.
El juicio a 36 personas acusadas de blanqueo de capitales debe iniciarse el próximo 27 de septiembre, pero aún el juzgado no ha emitido el auto de pruebas que se utilizará durante el juicio.
Entre los llamados a juicio está Martinelli y el también expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), así como Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, exministros, testaferros, políticos y otros allegados al poder.
André Rabello, antiguo intendente de Odebrecht en Panamá, declaró bajo juramento que se hicieron pagos a Ricamar como una retribución por “los favores prestados para los pagos que se le debían [hacer a Odebrecht] del gobierno anterior y los proyectos que ejecutaría la empresa durante el mandato de Martinelli Berrocal”.
El tribunal también mantuvo la decisión de la juez Marquínez de rechazar los incidentes de nulidad presentados por los abogados de Juan Francisco Mutio Cerdeiras, Juan Carlos Rosas O’donnell y Rosa Molino Paz, así un recurso de prescripción de la acción penal presentado por Francisco José Pérez Ferrerira.
abogados defensores calculan que el juicio proyectado para el próximo 27 de septiembre puede no realizarse, dado que el juzgado no ha emitido el auto de pruebas que serán usadas para determinar la vinculación o no de los 36 acusados con el delito de blanqueo de capitales.
