En sus primeros tres meses de funcionamiento (abril, mayo y junio pasado), el Tribunal de Integridad y Transparencia del Órgano Judicial (OJ) tramitó un total de 229 procesos disciplinarios contra funcionarios judiciales y administrativos de ese poder del Estado.
El tribunal, que tiene como objetivo el procesamiento de los funcionarios del OJ que incurran en faltas a la ética judicial, tiene su origen en la Ley 53 de 27 de agosto de 2015, pero no fue hasta abril de 2023 cuando entró en funciones. El retraso se debió a que durante ocho años no se asignó el presupuesto para la infraestructura y el personal que sería parte de esa nueva jurisdicción judicial.
Un informe del OJ detalla que 156 procesos en trámite corresponden a denuncias presentadas antes de la puesta en marcha del tribunal, el 3 de abril del 2023.
De las 156 denuncias enviadas al tribunal, 76 eran contra jueces por presuntas faltas graves o gravísimas; otras 58 contra funcionarios judiciales por denuncias graves, y las restantes 22 contra otros funcionarios.
El 67% de las denuncias es contra funcionarios judiciales de la provincia de Panamá.
Mientras que 73 de los casos que corresponden a denuncias presentadas después de la puesta en marcha del tribunal están en la Unidad de Investigación de Integridad y Transparencia (UEI), a cargo del magistrado José Luis Alfaro De León, para su debido trámite.
De este grupo de denuncias, 55 fueron presentadas por particulares y 18 por funcionarios que laboran en el OJ.
Un total de 26 fueron presentadas contra jueces por faltas graves y 12 por faltas gravísimas, 15 contra servidores judiciales por faltas graves y seis contra magistrados por faltas graves y las 15 restantes contra otros funcionarios.
La mayor parte de las denuncias está en las provincias de Panamá, Chiriquí y Panamá Oeste. El 82% fue presentada contra funcionarios judiciales y el resto contra administrativos.
En este lapso, el tribunal resolvió 12 procesos. Solo en dos hubo condenas. El resto fue archivado.
Uno de los funcionarios condenados fue suspendido del cargo y el otro fue sancionado con la privación del salario por un mes y una multa equivalente al 10% del salario mensual.
El Tribunal de Integridad lo componen Giovanina Sanjur (presidenta), Anadina Quiroz Tejeira y Damaris Espinosa González como principales, y Lorena Magaly Hernández, Andrés Reyes Díaz, Luzmila Jaramillo Fuentes y Aida Béliz Castillo como suplentes.
