Un tribunal declaró “no viable” una solicitud de hábeas corpus a favor de José Antonio Chepi Carrizo Mérida, nueve días después de que la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) recibió la orden para capturarlo y encarcelarlo por estafar a Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa).
La demanda de hábeas corpus fue presentada por una estudiante de derecho llamada Emilys Guerra, en representación de Carrizo.
La decisión de no darle curso al hábeas corpus fue adoptada por los magistrados Manuel Mata Avendaño, José Hoo Justiniani y Eyda Amarilis Júarez, del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, el pasado 22 de febrero, aunque fue dada a conocer este lunes 26 de febrero, a través del Edicto 53.
La instrucción para capturar y encarcelar a Carrizo fue girada por la juez penal Agueda Rentería el pasado 15 de febrero, en una nota dirigida al comisionado Sergio Delgado, director de la DIJ.
El 11 de abril de 2022, Carrizo fue condenado por otra juez (Baloisa Marquínez, del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales) a 7 años de prisión; como pena accesoria, se le inhabilitó para ejercer funciones públicas por cuatro años. La sentencia fue confirmada el 4 de agosto de 2022 por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
Carrizo ha intentado varias acciones legales para impedir su ingreso a prisión, como un recurso de casación y una aclaración de sentencia. Todos han sido negados. La última maniobra fue un “recurso extraordinario de revisión penal” de la sentencia condenatoria dictada en abril de 2022 por la juez Marquínez, presentado a la Corte el 15 de febrero, el mismo día que la DIJ recibió la orden de capturarlo.
Una vez sea detenido, será entregado a la Dirección del Sistema Penitenciario Nacional, a quien corresponderá decidir en cual penal cumplirá su condena.
Carrizo era el representante legal de la extinta agencia de publicidad In House Advertising Inc. y, junto con Aida Tejada Garagate, una exoficial de cobros de Corprensa, ocasionó un perjuicio a la corporación por $2.5 millones, entre los años 2009 a 2016.
Tejada se declaró culpable, pactó un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público y se acogió a una condena de 60 meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por dos años.
Como parte de su acuerdo de colaboración, Tejada confesó a los fiscales que manipuló los estados de cuenta de Corprensa para beneficiar a In House Advertising, gestión por la que era remunerada por Carrizo.
Carrizo, en su recurso de casación, intentó culpar a Tejada y a la supuesta falta de controles internos en Corprensa. No obstante, la Sala Penal, después de analizar el expediente, concluyó que “desde la lógica y la experiencia que éste [Carrizo] no se encontraba ajeno al entramado delictivo que estuvo beneficiando a su empresa durante un largo periodo”.
