AUDIENCIA DE APELACIÓN

Tribunal mantiene detención preventiva a abogada investigada por homicidio

Tribunal mantiene detención preventiva a abogada investigada por homicidio
Zoraida Saucedo Lezcano está imputada por homicidio y asociación ilícita para delinquir. Archivo

El Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo la detención preventiva a la abogada Zoraida Saucedo acusada de los homicidios de Miomir Kotica, Miguel Páez, María Elena Vallarino y Furio Ferrari, todos perpetrados en el año 2017.

Durante una audiencia, celebrada en una de la salas del Sistema Penal Acusatorio, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones al resolver dos solicitudes de habeas corpus correctivos presentados por la defensa de Saucedo, declararon legal las órdenes de arresto en su contra y decidieron que permaneciera en un centro penitenciario.

La defensa de Saucedo pidió que se le concediera una medida de depósito domiciliario, pero los magistrados del tribunal estimaron que la medida no era viable por la existencia de riesgo de fuga, destrucción de pruebas y además que se le imputan delitos graves.

A la abogada se le acusa de haber planeado el asesinato del canadiense Miomir Kotica, de 62 años de edad, ocurrido el 27 de octubre de 2017 y el del panameño Miguel Páez de 28 años, en la barrida San Antonio, ubicada en el distrito de San Miguelito.

El móvil en este caso era apropiarse de una serie de propiedades pertenecientes a Kotica, quien la había contactado para que le sirviera de asesora en asuntos legales.

A la jurista también se le vincula a los homicidios de María Elena Vallarino, de 46 años de edad y del italiano Furio Ferrari, de 70 años.

Los cuerpos de ambas víctimas fueron ubicados por la policía dentro de bolsas plásticas en los Andes Norte, en Las Cumbres el 28 de noviembre de 2017.

Según las investigaciones, Saucedo se apropió de tres apartamentos de Ferrari, quien era cirujano plástico y la había contactado para una serie de transacciones.

La abogada también mantiene una condena de 60 meses de prisión por el delito financiero en perjuicio de St. Georges Bank.


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