El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales negó un incidente de nulidad presentado por Mayer Mizrachi dentro del proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).
La decisión del tribunal, que está contenida en el edicto No.1831 con fecha del pasado 27 de octubre, fue colgada en la secretaría de esa instancia judicial el jueves 16 de noviembre, confirma la decisión adoptada en primera instancia por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales.
El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales llamó a juicio a Mizrachi por esta causa, junto con el exdirector de la AIG Eduardo Jaén y otras tres personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
A través de la resolución No 15 del 10 de julio del 2023 la juez Agueda Rentería decidió llamar a juicio a Mizrachi, el exdirector de la AIG, Eduardo Jaén (2009-2014), y a otras tres personas.
En el auto de llamamiento a juicio del pasado 15 de julio, señala que si bien el delito de corrupción de servidores públicos, que sirve como precedente al blanqueo de capitales está prescrito, esa condición no hace desaparecer las características de la procedencia ilícita del dinero.
El proceso está relacionado con el supuesto incumplimiento de un contrato por $211 mil 850 firmado durante el gobierno de Ricardo Martinelli -marzo de 2014- con Innovative Ventura S.A. para la instalación, en un período de nueve meses, de una plataforma de mensajería (Criptex) en los teléfonos móviles de un centenar de funcionarios de los estamentos de seguridad del Estado y que, según la investigación, nunca se instaló.
El tribunal también negó un incidente de nulidad a Eduardo Jaén en esta misma causa.
Una auditoría interna de la AIG iniciada en mayo de 2014 -después de las elecciones generales en las que ganó la presidencia de la República Juan Carlos Varela (2014-2019)- reveló que Innovative Venture, empresa de Mizrachi, supuestamente incumplió con lo que establecía el contrato pese a que el Estado pagó por el servicio completo desde el 12 de mayo de este año.
Uno de los argumentos del gobierno saliente para instalar la plataforma era garantizar que la información transmitida no fuera “interceptada” por terceros.
La denuncia original por este caso fue presentada ante el Ministerio Público el 13 de enero de 2015 por el entonces director de la AIG, Irvin Halman.
