El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial revocó la detención preventiva aplicada a los caciques de las Tierras Colectivas de la provincia del Darién, Elivardo Mambeche, Lucrecia Caisamo e Isaías Caisamo, y en su lugar, les aplicó la medida cautelar de retención domiciliaria. Esto es dentro del proceso que se les sigue por los delitos de privación de libertad y lesiones personales, en perjuicio de la cabo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Inés Guainora.
Durante una audiencia de apelación que se inició en la mañana de este viernes y que culminó a las 4:30 p.m., los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones estimaron que, en este caso, la medida de retención domiciliaria cumple con los fines de mantener a los imputados arraigados al proceso.
También el tribunal dispuso levantar la medida de retención domiciliaria aplicada para Inelda Salazar y Luciana Caisamo, y les aplicó la medida cautelar de notificación los días 15 y 30 de cada mes ante el Sistema Penal Acusatorio ubicado en Santa Fe, provincia de Darién.
Héctor Huertas, abogado de los imputados, reveló que las medidas aplicadas son justas, ya que permiten a los procesados estar en sus residencias y hacer frente al proceso sin desatender sus obligaciones.
A los cinco se les acusa de haber retenido por la fuerza a la cabo del Senafront, Inés Guainora, el pasado 20 de mayo, en la comunidad de Arimae, Darién, mientras realizaban protestas en contra de la Ley 462, que reformó el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).
Huertas también anunció la presentación de una denuncia contra el Estado panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Senafront.
Huertas detalló que, durante los enfrentamientos, las unidades del Senafront hicieron uso excesivo de la fuerza al lanzar bombas lacrimógenas dentro de las residencias de los habitantes de la comunidad de Arimae, que no participaban en las protestas.
