El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó la pena de 12 años de prisión al expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) Ariel Alvarado por los delitos de blanqueo de capitales y corrupción en el sector privado.
A través del edicto No. 435, fijado el pasado 16 de abril en la sede del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales —que tramitó inicialmente el caso— se informa a las partes sobre la decisión del Tribunal Superior, tras resolver un recurso de apelación.
Alvarado fue sancionado en primera instancia luego que de la Fiscalía Superior Anticorrupción probó que recibió −por parte de la comercializadora “Traffic Usa”− tres pagos que suman $230 mil, en concepto de coimas, a cambio de otorgarle los derechos de transmisión de los partidos de la selección nacional de fútbol de Panamá para las eliminatorias del Mundial de Brasil 2014. Esto se habría ejecutado a través de un falso contrato para ocultar dicho pago.
El Tribunal Superior de Liquidación también confirmó la decisión de absolver a Rocío de Los Ángeles Orozco de Alvarado, esposa de Ariel Alvarado.
Durante el juicio, la fiscalía recordó que el delito de corrupción en el sector privado fue adoptado mediante la Ley 15 del 10 de mayo de 2005, que aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta normativa busca promover y fortalecer las medidas para combatir la corrupción de manera más eficaz y eficiente.
La investigación se derivó del escándalo internacional que involucró a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y que provocó la renuncia de Joseph Blatter como presidente de ese organismo. El caso también salpicó a dirigentes deportivos de varios países.
Un juez federal de Estados Unidos vinculó a Alvarado con la supuesta aceptación de sobornos para favorecer a la empresa Traffic Sports con los derechos de televisión y mercadeo de la selección nacional de fútbol para las eliminatorias de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.
El caso formó parte del escándalo internacional relacionado con la FIFA, cuya investigación fue iniciada en Estados Unidos bajo la tutela de la fiscal general de la época, Loretta Lynch, quien en mayo de 2015 reveló los primeros detalles. Por ejemplo, señaló que la mayoría de los dirigentes involucrados pertenecían a federaciones de fútbol del continente americano.
La situación implicó una renovación de los puestos directivos de la FIFA y la dimisión de varios dirigentes de ese deporte a nivel regional.
