A pesar de que la audiencia preliminar de Odebrecht a 49 personas se adentra este lunes 26 de septiembre en su undécimo día de sesiones, aún se siguen resolviendo recursos que buscaban detener el avance del proceso.
Tal es el caso de un recurso de nulidad y un habeas corpus presentado por abogados que intentan frenar al Ministerio Público en su intención de llevar a los procesados a juicio. Estos recursos fueron resueltos por el Tribunal Superior de Liquidaciones.
El Tribunal dejó sin efecto un recurso de habeas corpus, luego de que se determinó que no fue interpuesto por alguno de los abogados presentes en la audiencia.
Además, el Tribunal llamó la atención que la presentación del recurso no detiene el acto de audiencia y que el Juzgado Tercero Liquidador, a cargo de Baloisa Marquínez, que tramita el caso Odebrecht, no ha ordenado la detención de ninguno de los investigados, por lo que al parecer el recurso tiene la intención de establecer cierta incertidumbre en el proceso.
El mismo argumento fue usado para resolver el recurso de nulidad interpuesto para dejar sin efecto el proceso, con el argumento de que la fiscalía había incurrido en violaciones a los derechos fundamentales de los imputados.
También el Primer Tribunal Superior no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Luis Enrique Martinelli Linares, contra una decisión de la jueza Marquínez en la audiencia preliminar del pasado 18 de julio.
En esa audiencia se cuestionó la notificación hecha al imputado por parte del tribunal.
Hasta el pasado viernes habían alegado un total de 15 abogados defensores, quienes han tratado de desvincular a sus clientes con la trama de blanqueo de capitales y pago de coimas gestionada por la empresa Odebrecht para facilitar sus operaciones en Panamá.
Hasta ahora los 15 abogados que han presentado sus alegatos han intentado desvincular a sus clientes del intrincado esquema de sociedades anónimas que fueron usadas por la empresa Odebrecht para la entrega de sobornos a cambio de facilidades para la adjudicación de contratos de infraestructura.
También los abogados defensores han sostenido que la fiscalía no ha logrado establecer la existencia de un delito precedente al posible blanqueo de capitales.
Tal es el caso del abogado Pedro Meilán, quien alegó que a su cliente, Javier Díaz Torres, no le puede aplicar el delito de soborno internacional, porque este entró en vigencia en 2008 y la última transferencia que recibió su cliente fue en febrero de 2008. “Se violan todos los preceptos de la legítima defensa. Han violentado el derecho a la defensa”, manifestó.
También Roniel Ortiz, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, ha alegado que a su cliente se le ha violado del debido proceso, ya que cuando se inició la investigación por parte del Ministerio Público era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y que correspondía a la Corte realizar la investigación.
Según Ortiz eso debe llevar a declarar la nulidad de todo lo actuado. Los abogados también han pedido acceso a los cuadernillos que contienen las delaciones.
