En el año 2022, se utilizó la cuenta de usuario de una funcionaria del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) para realizar 7 mil cambios de número PIN en las cuentas de los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).
Así consta en una investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual.
Esos cambios de número PIN se realizaron incluso en días no laborales.
También se detectó que, luego de realizadas las modificaciones, se utilizaban las cuentas para hacer compras en diversos comercios de la localidad.
Trascendió que las dos personas aprehendidas (la funcionaria del Ifarhu y un comerciante) serán conducidas ante un juez de garantías en las próximas horas para la formulación de la imputación.
A ambos se le formularán cargos por la presunta comisión de los delitos contra la propiedad intelectual, específicamente el contenido en el artículo 226 del Código Penal, en el que se establece que “quien para procurarse para sí o para tercero un provecho ilícito, altere, modifique o manipule programas, bases de datos, redes o sistemas informáticos o por la persona autorizada para acceder a estos, o cuando el hecho sea cometido por la persona valiéndose de información privilegiada, será sancionado con una pena de cinco a ocho años de prisión”.
Se trata de una investigación que inició en 2022, tras una denuncia que fue presentada por el propio Ifarhu, tras detectar anomalías en el manejo del PASE-U.
El Ministerio Público mantiene diversas denuncias relacionadas con el acceso indebido y la modificación de los datos asociados a la plataforma Cedulad.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó suspender el fuero penal electoral a Bernardo Nando Meneses, exdirector del Ifarhu, para que sea investigado por el manejo de las ayudas económicas entregada por esa entidad.
Meneses adquirió el fuero porque es candidato a diputado en Arraiján, por el Partido Revolucionario Democrático (PRD).
