La juez de garantías Karolina Jaén declaró ilegal la aprehensión de un apartamento propiedad del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo, que le fue cautelado dentro de la investigación que se le sigue por el delito de enriquecimiento injustificado.
La juez Jaén alegó que el apartamento, ubicado en el PH Marea, en la avenida Roberto Motta, en Costa del Este, no fue adquirido con fondos acumulados durante su gestión pública.
Según la juez, si bien varios pagos para la cancelación del inmueble se realizaron durante la etapa en la que Carrizo fue vicepresidente (2019-2024), los mismos procedían de un plazo fijo de $2 millones que mantenía la familia de Carrizo.
En una audiencia que inició a las 3:00 p.m. de hoy viernes, el fiscal Francisco Marcos Hemoso solicitó a la juez declarar legal la cautelación del apartamento de Carrizo, bajo el argumento que su compra se efectuó con fondos provenientes del enriquecimiento injustificado.
El fiscal alegó que Carrizó durante su gestión como funcionario Carrizo efectuó varios pagos que eran parte de la deuda por la compra del apartamento y que era necesario mantenerlo cautelado como parte de la investigación por enriquecimiento injustificado.
Relató que la investigación contra Carrizo se inició a raíz de una informe de auditoria que reveló un posible enriquecimiento injustificado por la suma de $ 1 millón 965 mil y que el apartamento en cuestión pudo haber sido aquirido con estos recursos.
Sin embargo, Roberto Moreno del equipo de abogado de Carrizo alegó que el apartamento fue adquirido con anterioridad a que su cliente iniciará su gestión pública.
Moreno también relató que los fondos con los que es está pagando el apartamento provienen de un plazo fijo por su mua de $2 millones que son parte de un patrimonio familiar.
También explicó que los fondos se gestionaron a través de la sociedad Nano Properti Corp, de la que Carrizo es el beneficiario final.
Durante la audiencia, en la que Carrizo se conectó vía zoom, Mioreno detalló que el apartamento aún no está cancelado en su totalidad y aportó certificaciones bancarias en las que se detallan el trámite realizado para gestionar los pagos.
El fiscal Marcos Hermoso anunció recurso de apelación contra la decisión asumida por la juez de garantías y que la fecha de audiencia fue fijada para el próximo 23 de septiembre a las 2:00 p.m.
Audiencia intermedia
El próximo lunes se tiene previsto que se inicie la fase intermedia de la investigación a Carrizo, en la que la fiscalía revelará las pruebas que mantiene para desmotrar la vinculación de exvicepresidente con el delito de enriquecimiento injustificado.
Se tiene previsto que la fiscalía presente unas 70 pruebas, entre testigos, peritos y documentos que las juez de garantías revisará y determinará son son usados durante la fase de juicio.
La defensa de Carrizo, de la que participan al cuatro abogados principales, alegó que también tiene previsto presentar un gran cantidad de pruebas, entre ellos informes de auditoría independientes, testigos y peritos forenses.
Concluida la fase intermedia la Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio deberá fijar una fecha de juicio, en el que se determinará la responsabilidad o no de Carrizo con relación al ilícito investigado.
El pasado 28 de enero, la juez de garantías Oris Medina imputó cargos a Carrizo por la presunta comisión del delilto de enriquecimiento injustificado y le aplicó la medida cautelar de arresto domiciliario.
En dos ocasiones la Fiscalía Anticorrupción presentó una petición para alargar el plazo de investigación, pero ambas solicitudes fueron negadas por falta de sustento.
La investigación contra Carrizo se inició tras un informe de auditoría de la Contaloría General de la República que arrojó un excedente de los fondos de Carrizo, en comparación a los declarados al inicio de su gestión como vicepresidente de la República.
