La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) recibió la orden para capturar y entregar al sistema penitenciario nacional a José Antonio Carrizo Mérida (”Chepi”), el hombre condenado a siete años de prisión por el delito de estafa agravada en perjuicio de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa).
La instrucción fue girada por la juez penal Agueda Rentería el pasado 15 de febrero, en una nota dirigida al comisionado Sergio Delgado, director de la DIJ.
El 11 de abril de 2022, Carrizo fue condenado por otra juez (Baloisa Marquínez, del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales) a 84 meses de prisión; como pena accesoria, se le inhabilitó para ejercer funciones públicas por cuatro años. La sentencia fue confirmada el 4 de agosto de 2022 por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
Carrizo ha intentado varias acciones legales para impedir su ingreso a prisión. Interpuso un recurso de casación, que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le negó el 17 de agosto de 2023. También pidió una aclaración de sentencia, que la misma sala rechazó de plano, “por improcedente”, el 2 de enero de 2024. La última maniobra de sus abogados ha sido presentar un “recurso extraordinario de revisión penal” de la sentencia condenatoria dictada en abril de 2022 por la juez Marquínez. Ahí pide la absolución. Este “recurso extraordinario” llegó a la Corte el 15 de febrero, el mismo día que la DIJ recibió la orden de capturarlo.
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— La Prensa Panamá (@prensacom) February 20, 2024
Una vez sea detenido, será entregado a la Dirección del Sistema Penitenciario Nacional, a quien corresponderá decidir en cual penal cumplirá su condena.
¿Quién es Chepi?
Carrizo era el representante legal de la extinta agencia de publicidad In House Advertising Inc. y, junto con Aida Tejada Garagate, una exoficial de cobros de Corprensa, ocasionó un perjuicio a la corporación por $2.5 millones, entre los años 2009 a 2016.
Tejada no fue a juicio, dado que en 2019 pactó un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público y se acogió a una condena de 60 meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por dos años.
Como parte de su acuerdo de colaboración, Tejada confesó a los fiscales que manipuló los estados de cuenta de Corprensa para beneficiar a In House Advertising, gestión por la que era remunerada por Carrizo. La exoficial contó que Carrizó sí cobró a los clientes de su agencia por los servicios publicitarios que les brindó Corprensa.
Carrizo, en su recurso de casación, intentó culpar a Tejada y a la supuesta falta de controles internos en Corprensa. No obstante, la Sala Penal, después de analizar el expediente, concluyó que “desde la lógica y la experiencia que éste [Carrizo] no se encontraba ajeno al entramado delictivo que estuvo beneficiando a su empresa durante un largo periodo”.
