La jueza de cumplimiento de la provincia de Chiriquí, Blanca Páez, ordenó a la Policía Nacional trasladar a un detenido a un centro hospitalario.
El privado de libertad (que actualmente cumple una condena de 86 meses de prisión por tráfico de drogas) alegó que en cinco ocasiones no se le pudo llevar a sus citas médicas, “en una clara violación de sus derechos humanos”.
Durante una audiencia de afectación de derechos, celebrada el pasado 22 de diciembre, la jueza Páez argumentó que la falta de presupuesto, personal o equipo no son excusa para “violentar el derecho de los privados de libertad de acudir a sus citas médicas”.
Citó normas contenidas en la Constitución y del acuerdo 245 del Órgano Judicial que adoptó las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso de la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Manifestó que la Policía Nacional (PN) de Chiriquí no cumplió con su cometido para la seguridad externa ni para atender las citas médicas, “violentando los derechos de los detenidos”.
También ordenó a la Dirección General del Sistema Penitenciario y a la PN que gestionen el traslado oportuno de los privados de libertar a sus citas médicas.
En la audiencia se pudo conocer que otros siete detenidos de la cárcel pública de Chiriquí tampoco han sido trasladados a sus citas médicas.
La Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados también ha denunciado la falta de atención de salud a los privados de libertad que están en los diferentes centros penitenciarios del país.
Hasta el cierre de esta edición, la Policía no se había pronunciado sobre el tema.
