Ocho diputados de la Asamblea Nacional han presentado amparos de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia por las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a los fondos públicos que estos gestionaron a través de juntas comunales y municipios. Uno de los amparos presentados señala que la Contraloría no tiene facultades para investigar a los diputados.