Expertos en educación concluyen que la Fundación Universidad de Panamá (Fudep) –regida por el derecho privado– debe auditarse por manejar fondos públicos.
La Contraloría General de la República anunció que auditará a la Fudep, debido a que se comprobó –en una investigación de La Prensa– que esta recibe pagos y transferencias por servicios que realiza la Universidad de Panamá (UP). La directiva de la Fudep ha advertido que no permitiría a la Contraloría acceder a sus libros.
La negativa indigna a la escritora Rosa María Britton, presidenta de la Fundación Pro Biblioteca Nacional, que también recibe capital del Estado y, según ella, todas las donaciones están auditadas.
Britton aclaró que la Fudep se creó para recoger fondos del exterior destinados a la UP, y no para cobrar por diplomados –entre otros muchos servicios– de la UP.
Rosa María Britton
Médico oncólogo y escritora
“Mira, la gente que estaba al principio, todos salieron huyendo”, se refirió a los síndicos fundadores, académicos y gente respetable, entre cuyos postulados estaba ella.
“No entiendo cómo una fundación que recibe dinero del Estado no puede ser auditada. ¿En qué momento ocurrió ese fenómeno? No lo entiendo, no está bien, me parece muy sospechoso y sinceramente deja un mal sabor a todos los que hemos tratado de mejorar, no solamente la Universidad, sino la sociedad en Panamá”, reclamó.
También discrepa el exrector de la UP Ceferino Sánchez: “Toda fundación con un accionar tan próximo a una entidad del Estado, como es la Fudep, debe ser sumamente transparente, con procedimientos y reglamentos claros. La Contraloría (y no solo la Contraloría) debe tener la potestad de examinar el funcionamiento y auditar las actividades de la fundación y organismos similares, cuando lo estime conveniente”, subrayó.
Los fondos de las universidades ameritan cuidado “especial”, advierte Juan Planells, rector de la Universidad Santa María la Antigua (Usma), y tratándose de una estatal, el “triple”.
Resaltó que por ser un ente de educación superior debe ser ejemplar para los jóvenes que requieren formación técnica y de valores.
“Hay que tener mucho cuidado en la forma en cómo se comporta la institución y los miembros de la comunidad universitaria”, destacó.
El manejo de capital estatal a través de fundaciones y cómo su estructura permite una auditoría “merece debate y una posición clara” para garantizar su buen manejo, y “no haya un hueco negro donde no se pueda intervenir”.
Por su lado, el expresidente del Consejo de Rectores y director del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), Modaldo Tuñón, coincide con Planells en que debe ser auditada.
“Una fundación sin fines de lucro debe estar siempre dispuesta a que la auditen”, dijo. En la Usma, los ingresos provienen de la matrícula y tienen que ser “celosamente custodiados” de la manera más “responsable, convincente y efectiva”, con auditorías y controles compartió su exrector Carlos Voloj.
En el caso de una universidad estatal también tiene que ser así, puesto que es el dinero de todos. “El que no la debe no la teme” agregó y “si [en Fudep] de verdad se ha llevado a cabo con toda la seriedad y el juicio que amerita”, el manejo de donaciones o de actividades educativas, no ve por qué no mostrar su uso.
La autonomía de la UP “se está pasando de rosca”, alerta Britton. “Se hizo para que no entre la Policía”, no [para] ocultar el destino del dinero.
De la autonomía, el educador Octavio Méndez Pereira dijo: “Bien reglamentada”, la salvaría de “influencias nocivas externas de los gobiernos y la política”.
En una graduación de 1951, añadió: “Aquella libertad puede convertirse en un arma de dos filos o en patente de corso para fabricar reductos o torres de marfil egoístas y petulantes”, cita el libro ¿Quo Vadis Universidad de Panamá? Intereses pecuniarios transitorios vs. intereses nacionales permanentes, del asesor del excontralor Rubén Darío Carles y exmagistrado de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría, Eusebio Marchosky.