El incremento del bono por antigüedad para los académicos que se retiren de la Universidad de Panamá (UP) a los 75 años fue calificado como una “inmoralidad” y nuevamente se solicitó la intervención de la Contraloría General de la República para su revisión.
Se trata de un acuerdo publicado el pasado miércoles en la Gaceta Oficial, que aumentó desde 6 hasta 15 meses la remuneración de sueldo para los docentes que tengan entre 10 años y 30 años o más de servicio, respectivamente.
El acuerdo toma en cuenta el promedio del salario de los cinco mejores años, y para el pago de las remuneraciones creó un fondo especial, pero mientras este no tenga los recursos necesarios, la partida del docente se congela y ello impide a la administración del rector electo Eduardo Flores –que comienza el 1 de octubre– hacer nuevas contrataciones.
Anayansi Turner, de la Defensoría de los Universitarios, opinó que la medida es inmoral porque se dio una semana previa a las elecciones de la institución.
Denunció que este acuerdo fue pensado para las autoridades salientes, como el rector, Gustavo García de Paredes; el vicerrector, Justo Medrano, y el secretario general, Miguel Ángel Candanedo, entre otras autoridades, que incluso podrían retirarse antes, ya que el acuerdo incluye entre las posibilidades para aplicar “cualquier causa aprobada por los órganos de gobierno competentes”.
Advirtió de una crisis institucional por el congelamiento de puestos, incluyendo el del rector y los vicerrectores, lo que impedirá a la administración entrante cobrar sus salarios.
La consideración de los mayores salarios, que sería el que ostenta el funcionario como autoridad y no como docente, “es una sinvergüenzura”, describió Turner.
“Lo pactado es abusivo y lesivo al patrimonio de la UP”, acotó el excontralor Alvin Weeden, para quien la Contraloría puede y debe demandar su nulidad ante la Corte Suprema de Justicia.