A continuación se reproduce el texto de la carta que la Alianza Ciudadana pro Justicia envió el pasado viernes a José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El día 20 de marzo del presente, aparece publicada en el Diario la Prensa una noticia titulada: “Juez denuncia presiones”. Según la noticia existe una nota firmada por el Juez cuarto de Circuito Penal de Panamá, Alexis Ballesteros, donde asegura que le fue solicitada su renuncia al cargo por no “seguir indicaciones” que consistía en revocar el archivo de un proceso penal.
En la misiva a la que hace referencia el diario de circulación nacional, el juez de la República asegura:
1. Que fue citado hasta en cuatro ocasiones por dos magistrados del Segundo Tribunal Superior para recibir instrucciones sobre un proceso penal.
2. Que las cámaras de vigilancia del Segundo Tribunal Superior de Justicia son testigos de las veces en que se reunió con los magistrados en privado para atender instrucciones sobre un caso.
3. El juez manifiesta su preocupación porque luego de todo lo acontecido finalmente se le ha solicitado la renuncia al cargo de juez.Los hechos denunciados y que son ya de conocimiento público son muy graves ya que atentan contra el principio de independencia judicial y el derecho que tenemos todos los ciudadanos a una administración de justicia donde sus jueces no estén sometidos a presiones internas ni externas. La Constitución Política de la República de Panamá en su artículo 210 dice: “Los Magistrados y Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la Ley…”Por otra parte, el artículo 286 numeral 8 del Código Judicial de la República de Panamá establece que los superiores jerárquicos no deben sugerir a jueces y tribunales la decisión de negocios pendientes en juicios contradictorios o en causas criminales.Consideramos que debe abrirse una investigación sobre el contenido de esta denuncia, ya que de ser cierta, estos actos deben ser sancionados de acuerdo a lo que establece el Código Judicial.Presiones de este tipo, especialmente cuando provienen de superiores inmediatos, genera intranquilidad, debilita los resortes de la institucionalidad y erosiona el Estado de Derecho.Pedimos respeto a la estabilidad laboral del juez e igualmente manifestamos nuestro rechazo a que la administración de justicia siga funcionando con jueces interinos, que dependen del favor del superior jerárquico para seguir en sus puestos. La estabilidad laboral de los jueces es vital para la buena marcha de la justicia.Por otra parte, no basta el nombramiento idóneo de un juez, es necesario asegurar que sus resoluciones y su misma actividad como juez carezcan de presiones. Como se dice en el Manual para el Fortalecimiento de la Independencia y la Transparencia del Poder judicial en América Central elaborado por la Fundación para el Debido Proceso Legal: “las garantías para el mejor desempeño de las labores judiciales son la independencia e imparcialidad de los jueces, su inamovilidad y permanencia, régimen disciplinario técnico, remuneración adecuada, libre asociación y libre expresión”.Ningún juez de la República debe sentir temor o ser molestado en razón de sus ideas y menos por no seguir las indicaciones del superior jerárquico.
Urge que la propia Corte Suprema de Justicia se encargue de promover la aprobación de la Ley de Carrera Judicial y el Tribunal Integridad y Transparencia, que se encuentra en la Asamblea de Diputados desde hace más de seis años.
