La ubicación oportuna de la documentación que requiere la Contraloría General de la República para culminar las auditoría comenzadas el 16 de marzo pasado a la Universidad de Panamá (UP) solicitó el contralor Federico Humbert al rector de la casa de estudios, Gustavo García de Paredes.
En una misiva dirigida al rector de la UP, el contralor general destacó las dificultades “que hemos encontrado para la ejecución oportuna y fluida de nuestro trabajo, lo cual está retrasando el informe de auditoría”, que se realiza para determinar supuestas irregularidades por posible corrupción administrativa en la Primera Casa de Estudios.
“Nos hemos encontrado con escasa comunicación que sustenten diversas operaciones, carencia de registros ordenados de expedientes de bienes que son propiedad de la Universidad de Panamá, lo cual no permite conciliar el registro contable con la realidad física de las propiedades”, precisó el contralor Humbert.
También, afirmó que "el personal de la Universidad de Panamá mantiene una posición temerosa frente a los cuestionamientos de los auditores y de recelo para entregar documentación para exploración".
En la misiva, Humbert señaló que la Norma de Control Interno Gubernamental Número 3.3.4.6., relativa a la documentación sustentadora, establece que las entidades públicas deben aprobar los procedimientos que aseguren que las operaciones y actos administrativos cuenten con la documentación sustentadora que los respalde, para su verificación posterior.
“En virtud de lo anterior, solicitamos la ubicación oportuna de la documentación que requerimos para la culminación de las auditorías en ejecución, e instruir a los funcionarios de las diferentes áreas administrativas a proceder a una cooperación fluida y entrega, sin excepción, de los documentos solicitados”, afirmó el contralor.
Destacó que la Norma de Control Interno Gubernamental dispone que la administración será responsable de salvaguardar la documentación debidamente ordenada y disponible para los tribunales competentes y la Contraloría General de la República, de acuerdo a las disposiciones que rigen sobre la materia.
El contralor Humbert indicó que su solicitud debe ser acatada en atención a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 32 de 1984, que indica que todos los servidores públicos prestarán a la Contraloría la cooperación que ésta solicite en el cumplimiento de sus atribuciones y le suministrarán los informes, documentos, registros y demás elementos de juicio que requieran con tal finalidad.
Recordó que este artículo faculta al Contralor General a sancionar con multa a los servidores públicos que infrinjan esta norma.
