La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene sin resolver una demanda en contra del contrato de concesión a favor de la empresa Traffic Safety, para la operación de cámaras de control de velocidad.La demanda fue presentada hace 22 meses por la firma forense Rivera, Bolívar y Castañedas, en representación de la Asociación Nacional de Arrendadores de Vehículos, quien –además de la nulidad del contrato- pide la devolución de las sumas recaudadas en concepto de infracciones de tránsito impuestos por el sistema de videovigilancia.La acción fue presentada el 31 de agosto de 2012 y originalmente, fue rechazada por Alejandro Moncada Luna, quien actuó como magistrado ponente. Acto seguido, los otros dos magistrados que completan la Sala Tercera –Luis Ramón Fábrega y Víctor Benavides- revocaron el fallo de Moncada Luna y el 8 de enero de 2013 fallaron a favor de la admisión de la demanda.Pese a su admisión, los magistrados no han decidido sobre la suspensión provisional de los efectos del contrato, como solicitó el demandante. Rivera, Bolívar & Castañeda ha presentado dos “impulsos procesales” –el último el pasado lunes-, para que la Sala agilice el proceso, tomando en cuenta que el director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Roberto Moreno, anunció hace cinco días que las cámaras serán reactivadas este mes.
El reglamento interno de la CSJ, en su artículo 29, señala que "al magistrado a quien se le haya adjudicado un negocio tendrá que sustanciarlo y presentar el proyecto de Resolución correspondiente, en el término establecido por ley, o cuando la ley no lo fije, en el término de 30 días, contados a partir de su recibo". En el caso de la demanda contra el contrato de Traffic Safety, han trascurrido 22 meses desde que fue presentada y 17 desde su admisión.Las cámaras de Traffic Safety se estrenaron en julio de 2013, sin que mediara consulta pública ni divulgación alguna. Ante el rechazo ciudadano –que se enteró de su existencia por publicaciones de La Prensa-, la ATTT ordenó apagarlas. No obstante, en apenas 15 días de funcionamiento, se giraron más de 2 mil multas con solo dos cámaras operando en un sector de Costa del Este.La Asociación Nacional de Arrendadores de Vehículos alega que el sistema de cámaras de control de velocidad les afecta negativamente, ya que la multa recae al propietario del vehículo y no al conductor, “aspecto que resulta ruinoso para las empresas dedicadas a este tipo de actividades comerciales”.
El contrato de las cámaras fue pactado entre la ATTT y la empresa Traffic Safety, que entonces estaba representada por Ricardo Chanis, miembro de la junta directiva del estatal Caja de Ahorros y presidente de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), empresa en la que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, es accionista.
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