El fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, pidió este jueves, 7 de mayo, a la Contraloría General de la República una “auditoría forense” a los contratos efectuados por el Ministerio de Salud (Minsa) con Angel Wings Life Team Inc., Agroganadera San Pedro, S. A. y Keydex Panamá, S. A. “ante la presunción de una grave lesión patrimonial”.
En la solicitud enviada al contralor Federico Humbert se recordó que la petición de la auditoria se fundamenta en el artículo No. 26 de la Ley No. 67 de 2008, modificada por la Ley No. 81 de 2013.
Esa norma establece que “cuando se tenga conocimiento por cualquier medio de la comisión de un hecho irregular que afecte el patrimonio del Estado, el examen correspondiente con el fin de determinar la corrección o incorrección de las operaciones en el manejo de los fondos o bienes públicos”.
De acuerdo con la Fiscalía General de Cuentas, la empresa Angel Wings Life Team Inc. suscribió un acuerdo para el traslado aéreo a centros hospitalarios de pacientes en áreas de difícil acceso, por un monto de 6.7 millones de dólares.
Mientras que Agroganadera San Pedro, S. A. firmó un contrato por seis años “para el suministro de 335 mil 200 quintales de crema precocida nutritiva enriquecida, por un monto de 48.5 millones” de dólares.
En tanto, Keydex Panamá, S. A. le fue adjudicada la compra de 20 ambulancias tipo II, para traslados de pacientes por valor de 1.7 millones de dólares.
“Esas tres empresas también fueron denunciadas en el Ministerio Público”, aclaró la Fiscalía General de Cuentas.
La petición efectuada a la Contraloría General de la República es requerida para comenzar una investigación de carácter patrimonial, en atención al numeral No. 13 del artículo 280 de la Constitución Política de la República.
La solicitud de Rodríguez llega un día después de que se conociera que el magistrado presidente de Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, confirmara que en esa entidad reposan “282 expedientes activos” que suma una lesión patrimonial de 94 millones dólares.
Según Cigarruista, en 2014 recibieron de parte de la Contraloría General de la República 71 informes de auditorías, los cuales señalan a 21 instituciones del Estado por lesión patrimonial, en la que se implican a por lo menos 405 personas.