El exjefe del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz salió esta mañana del penal La Gran Joya para acudir a una diligencia judicial. El traslado se efectúo bajo estrictas medidas de seguridad y una vez concluyó la acción, retornó a La Gran Joya, el penal donde está detenido desde el pasado viernes, mientras se le investiga por su supuesta participación en el espionaje ilegal a más de 150 políticos, magistrados, comunicadores y opositores al gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Esta diligencia de reconstrucción de hechos guarda relación con el incidente ocurrido en el Cerro Ancón el 11 de junio de 2013 entre Garuz -entonces secretario del Consejo de Seguridad Nacional-, agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI) y el presidente del Sindicato de Periodistas de Panamá, Filemón Medina.
Hoy se trató de esclarecer si Garuz, junto a miembros del SPI, lesionaron a Medina cuando asistía a dos periodistas de TVN Canal 2, quienes habían sido retenidos cuando hacían una cobertura periodística sobre presuntas prácticas de espionaje.
Originalmente, la diligencia debia empezar a las 8:00 a.m. Transcurridas unas dos horas, el personal de la Fiscalía Quinta de Circuito no había llegado a Quarry Heights, cerca de las instalaciones del Consejo de Seguridad Nacional, donde se efectuaría la reconstrucción del caso. Fue a las 10:30 a.m. que llegaron a la cita y pudo empezar la reconstrucción.Se encontraban allí Garuz, Medina, los abogados de ambos, tres testigos del exsecretario del Consejo de Seguridad y cerca de ocho comunicadores sociales. A los comunicadores no se les permitió acercarse o hablarle a Garuz. El exfuncionario estuvo acompañado por familiares y sus abogados Cristóbal Arboleda, Carlos Carrillo y Jorge Motley.
En este caso, la fiscal Ruth Morcillo -que la semana pasada fue trasladada de la Fiscalía Quinta de Circuito a una fiscalía anticorrupción- formuló cargos contra Garuz por lesiones personales a Medina.
Garuz fue enviado el viernes pasado a la cárcel; está acusado por la Fiscalía Auxiliar de la República por la supuesta comisión del delito de inviolabilidad del secreto y derecho de la intimidad, tras el escándalo de las intervenciones telefónicas hechas en la pasada administración a políticos, empresarios, sindicalistas y periodistas.
Con datos de Rubén Polanco y Juan Díaz C.