Más de 15 millones de dólares, principalmente en contratos directos, obtuvo la sociedad Pele System, Inc. –introductora del polémico Pele Police– en un período de cinco años, desde su creación, en agosto de 2009.
Entre los pocos documentos públicos que sustentan la contratación de esta empresa, se repite la misma opacidad: “Contratación directa relacionada con la condición de seguridad ciudadana y del Estado…”.
Uno de estos pocos contratos publicado en la página gubernamental Panamá Compra corresponde al suscrito por la Policía Nacional, firmado en 2012.
En informes de la Contraloría se observa que el primer contrato directo de Pele System, Inc. fue con el desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN) –hoy Dirección de Asistencia Social (DAS)– por 299 mil 850 dólares.
El contrato fue suscrito –en noviembre de 2010– un año y tres meses después de haberse creado la empresa. En Contraloría no es visible ningún pago antes de esta fecha, aunque el sistema comenzó a utilizarse, al menos, desde febrero de 2010, es decir, desde ocho meses antes de la firma de este contrato. Este primer contrato –como en la mayoría de los convenios con el PAN– estaba en el límite de lo que se le permitía a su director contratar sin pasar antes por la aprobación de la junta directiva de la entidad, que aprobaba transacciones superiores a los 300 mil dólares. En ese entonces, su director era Giacomo Tamburrelli.
El pago, refrendado por la Contraloría, no muestra el detalle de los servicios que prestó Pele System, Inc. ni a qué institución. Los detalles también fueron omitidos en una adenda –de más de 266 mil dólares– al contrato que se le otorgó a esta empresa en noviembre de 2011.
El uso del Pele Police generó fuertes reacciones de la sociedad, y el entonces ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, sustentó su uso como una herramienta de combate a la delincuencia que seguiría implementándose, pese a las críticas. “Ni el Pele Police ni ninguna herramienta tecnológica necesita de una ley para poder ser empleada”, defendía Mulino, en contradicción de un fallo del Juzgado Séptimo de lo Penal que declaró ilegal su uso en 2011.
La misma justificación la utilizó el exsubdirector de la Policía Eduardo Serracín, quien expresó que hasta habían elaborado un manual para el uso del Pele Police. Los otros asiduos clientes de Pele System, Inc. fueron el Servicio Nacional de Fronteras, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y el Aeropuerto Internacional de Tocumen. A su vez, la Autoridad Marítima de Panamá otorgó un contrato de más de 12 millones de dólares en febrero de 2014 para el servicio de soporte de otra herramienta similar: el Pele Marine. Pele System, Inc. fue inscrita en el Registro Público en agosto de 2009. Está integrada por Luis Sáenz (presidente); Irina Cárdenas (tesorera) y Adrian Reif (secretario).