Ngäbes buglés apuestan por el diálogo en sede de Naciones Unidas

PANAMÁ, Panamá. (DPA).- Los indígenas panameños, opuestos a la minería y a los proyectos hidroeléctricos en sus comarcas, apuestan por la retoma del diálogo con el gobierno en la sede regional de las Naciones Unidas en Panamá, afirmó hoy el negociador de la etnia Ngäbe-Buglé Bernardo Jiménez.Jiménez hizo sus declaraciones a la radioemisora local RPC Radio, poco antes del cambio de la sede de las conversaciones, en las que participan como mediadores obispos católicos y pastores evangélicos, quienes han instado al cese de la violencia.Las oficinas de la ONU están localizadas en la Ciudad del Saber, en áreas revertidas de la antigua Zona del Canal de Panamá. Con anterioridad, los oficiales del organismo dirigieron la mediación de diálogos nacionales y la búsqueda de consensos.Jiménez indicó que la Asamblea Nacional, hasta ahora sede de la reunión entre las partes, es "insegura" para las conversaciones, tras un tiroteo registrado el jueves, en el que varios indígenas fueron heridos por disparos de agentes del cuerpo de Seguridad del Órgano Legislativo.Recalcó que el movimiento de protesta antiminera seguirá vigilante del diálogo, para exigir justicia.Asimismo, culpó a sectores oficialistas de tratar de "sabotear" los debates, con el objetivo de que los indígenas abandonen la mesa de diálogo para luego desacreditarlos."Estamos aquí, porque creemos en una conversación seria", acotó el negociador al referirse al reinicio de las negociaciones, que no serán televisadas.El ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, dijo que la cancelación del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, en la provincia occidental de Chiriquí, pondría en riesgo la credibilidad del país, porque la empresa Genisa participó en la licitación y se la ganó en "buena lid".De Lima lamentó que haya grupos obstinados en que el gobierno desconozca esa concesión hídrica, dirigida al aumento del potencial energético nacional.No obstante, los indígenas responsabilizaron al gobierno del prolongado conflicto, al tratar de imponer leyes que violan derechos territoriales.Jiménez acusó al oficialismo de "encubrir responsabilidades" y "defender intereses mezquinos", y tratar de tergiversar los argumentos de los pueblos originarios, quienes rechazan la usurpación de territorios por empresas mineras e hidroeléctricas.