El exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino sufrió otro revés legal, luego de que el Juzgado Undécimo Penal le negara una solicitud de fianza de excarcelación en el proceso que adelanta la Fiscalía Primera Anticorrupción por el delito enriquecimiento injustificado.
El juez Eduardo De La Torre, en un auto con fecha del pasado 22 de mayo, sostuvo que en la conducta atribuida a Ferrufino se observa la voluntad de aumentar su patrimonio ilícitamente.
Además, detalla que el exfuncionario utilizó a otras personas para ocultar o disimular su incremento patrimonial no justificado.
El juez plantea que “por la responsabilidad del cargo que ocupaba el imputado debía velar por el correcto funcionamiento de la administración pública, ya que este funcionamiento resulta trascendental en un Estado de derecho”.
También señala que “por los señalamientos anteriores se entiende la gravedad de los hechos investigados en los cuales no solo se ve afectada la población, sino que este tipo de delito viola directamente principios de probidad, integridad, transparencia y veracidad en el ejercicio de funciones públicas”.
Incluso, detalla que la persecución del delito de enriquecimiento ilícito es una obligación internacional constituida por el Estado panameño, a través de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la que se exhorta a los países miembro a adoptar en sus legislaciones internas medidas preventivas y represivas contra la corrupción.
La investigación contra Ferrufino por el delito de enriquecimiento ilícito se inició luego de varias publicaciones de este medio sobre millonarias propiedades que adquirió en el ejercicio del cargo, por lo que el Ministerio Público (MP) solicitó a la Contraloría General de la República adelantar una auditoría.
Tras el análisis, esta institución entregó un informe sobre sus hallazgos, por lo que el MP ordenó su detención preventiva.