Otra demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta ayer en la Corte Suprema de Justicia contra la denominada “ley de blindaje”, que establece un plazo de dos meses para investigar a diputados de la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano.
La demanda fue presentada por el abogado Silvio Quiñónez a título personal.
En la acción legal se solicita la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley 55 del 21 de septiembre de 2012, conocida como “ley blindaje”, que fija el plazo máximo de investigación, los requisitos para admitir una querella o denuncia contra un diputado y los pasos a seguir para designar al fiscal y juez de garantías.
Quiñónez pidió que se unifiquen los plazos para el inicio y conclusión de la investigación criminal, a fin de que no haya fueros o privilegios para los diputados.