PANAMÁ. (ACAN-EFE).- La ONU y el Banco Mundial abogaron este miércoles por una mayor coordinación internacional para que los países afectados por la corrupción pública reciban una parte sustancial de los millonarios arreglos extrajudiciales por casos de sobornos que se están concretando, de forma creciente, en muchas partes del mundo.
Un informe presentado este miércoles en Panamá, en el marco de la V Conferencia de la ONU contra la corrupción, precisa que de un total de 6 mil millones de dólares impuestos en los últimos años como sanción en el marco de arreglos extrajudiciales, solo un 3% se ha devuelto u ordenado que se devuelva a los países cuyos funcionarios fueron acusados de aceptar sobornos.
El dato aparece en el estudio “Dejados fuera del trato”, elaborado por la Iniciativa para la Recuperación de los Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés), una asociación entre el BM y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
El informe precisa que entre 1999 y mediados de 2012 se hicieron 395 arreglos extrajudiciales por casos de sobornos a funcionarios públicos extranjeros, que resultaron en la imposición de 6 mil 900 millones de dólares en sanciones monetarias.
De ese total, 6 mil millones de dólares correspondieron a acuerdos hechos en un país que no era el del funcionario público acusado de corrupción, y solo 197 millones de dólares fueron devueltos o se ordenó devolver a la nación donde se cometió el delito.
“La realidad ahora es que ese dinero de las sanciones se queda en los países que impusieron la sanción, en los centros financieros”, alertó el coordinador de la iniciativa StAR, Jean Pesme, en una entrevista con corresponsales extranjeros acreditados en Panamá.
Pesme explicó que en la “gran mayoría” de los casos el país donde se entrega el soborno es uno en vía de desarrollo, por lo que una reparación monetaria podría invertirse para “mejorar los servicios básicos” e impulsar la lucha anticorrupción.
El informe destaca que la gran mayoría de los acuerdos por casos de soborno involucra a empresas de propiedad estatal y contratos públicos, y Pesme resaltó que en ese marco se suelen inflar los precios para cubrir el dinero que se entrega irregularmente, lo que terminan pagando los contribuyentes quienes a veces ni siquiera se ven beneficiados por el proyecto.
“La gran mayoría de casos de acuerdos por soborno ocurren en los países desarrollados” y el objetivo de la iniciativa StAR es que “los países que fueron afectados por casos de corrupción también se vean beneficiados por estas sanciones impuestas”, añadió.
Se trata de aplicar “el principio de recuperación y regreso de activos, parte de la Convención de la ONU contra la corrupción, y es además una cuestión de justicia, porque los ciudadanos de los países donde ocurren los sobornos son los principales afectados”, argumentó Pesme.
El estudio destaca que pese al incremento en el número de los arreglos fuera de un juicio “en todo el mundo hay una gran falta de conocimiento sobre las prácticas relativas a dicho acuerdos y la disposición de sanciones monetarias, sobre todo desde el punto de vista de la recuperación de los activos robados”.
Por ello insta a los países donde se concluyan arreglos a ayudar activamente a las jurisdicciones afectadas mediante una mayor transparencia y el suministro de asistencia para que estas puedan obtener reparación de los daños y recuperar activos.
Pesme tildó de “importante” que los países donde se aplican las sanciones informen del proceso a aquellos donde se registra el soborno, “para que puedan hacer una investigación y perseguir al funcionario que supuestamente lo recibió”.
Precisó que la iniciativa StAR plantea a los países afectados por la corrupción pública “que se involucren como víctimas” en los procesos de arreglo extrajudicial, lo que algunas legislaciones permiten.
“En el reporte estamos planteado herramientas para que los países empiecen a fortalecer sus capacidades para involucrarse en este tipo de casos”, añadió.