La Defensa Pública es un Instituto que pertenece al Órgano Judicial, el cual procura la defensa efectiva de todos y cada uno de los ciudadanos nacionales y extranjeros, y que su misión es proteger los derechos y garantías de esos ciudadanos, cuando se vean inmersos en una investigación, por la presunta comisión de un delito. Está conformado por un número plural de profesionales del Derecho con mística de servicio público para ofrecer a aquellas personas que no cuentan con recursos económicos para sufragar los honorarios de un defensor privado, la defensa a la cual tiene derecho.
Los defensores públicos son abogados altamente calificados auxiliados por un equipo de trabajo conformado por defensores asistentes (los cuales requieren tener también el título de licenciado en Derecho), Investigadores de Campo (que requieren el título en criminalística o ser estudiantes de Derecho). También cuenta la Defensa Pública con secretarias, recepcionistas, todos laborando en conjunto para ofrecer a la ciudadanía los servicios de una defensa efectiva.
El primer deber de la defensa pública es velar porque se respeten las garantías constitucionales y el debido proceso, ésta es la primera obligación cuando se les llama por una causa. Luego mantiene los deberes de ejercer una defensa técnica efectiva y velar por los mejores intereses de su patrocinado, ya sea argumentando una inocencia en un juicio o solicitando que las sanciones sean lo menos gravosas si la persona a la cual defiende se ha declarado culpable.
En resumen le corresponde al defensor público, atender causas penales de las personas que se ven involucradas en una investigación y procurar la protección de sus derechos y garantías fundamentales, consagradas en la Constitución, los convenios internacionales y la ley.
Para ser un defensor público se requiere tener 30 años de edad, haber obtenido el título de abogado idóneo, preferiblemente con conocimiento en las ramas de derecho penal y derecho procesal penal, por lo menos tres años antes de su nombramiento.
La cantidad de casos que manejan depende de la jurisdicción donde se ejerza el cargo.
En San Miguelito, por ejemplo, hay un promedio de 90 causas por Defensor Público en la fase de Investigación. Depende de la cantidad de casos que se presenten en un momento dado. Hay días o semanas más ocupadas que otras, pero el defensor público, siempre tendrá, sin lugar a dudas, causas que atender.
Los casos entre los distintos defensores se asignan a través de un reparto interno conforme van entrando las causas, se hacen conforme a un listado por orden alfabético. El reparto equitativo de causas es por parte de un Coordinador de Defensores. Las causas se asignan conforme vayan ingresando a la plataforma tecnológica del Sistema Penal Acusatorio, en donde el Ministerio Público solicita la designación de un defensor para una persona, sujeta a una investigación
El salario de los defensores es pagado por el Estado, proveniente del presupuesto del Órgano Judicial. Se tiene prohibido recibir remuneración, bonificación o prevendas de parte de algún representado o familiares.
La defensa pública ejerce un papel primordial dentro del Sistema Penal Acusatorio, manteniendo la responsabilidad de la Defensa en aproximadamente un 75% de las causas que ingresan en el sistema. La defensa pública de acuerdo a su modelo de gestión, se divide en tres grupos en el SPA. El grupo A que conoce en la etapa de investigación, el grupo B que asiste a los juicios si la causa no se ha cerrado a través de un método alterno de solución del conflicto y el grupo C que da el seguimiento de las causas terminadas, es decir, las que ya tienen sanción o sujetos a suspensión del proceso sujeto a condiciones y adicionalmente a los condenados del Sistema Inquisitivo.
La relación entre la Defensa Pública y el sistema penal acusatorio (SPA) es muy estrecha, pues el SPA es un modelo de enjuiciamiento que trata al máximo de garantizar los derechos de todas las partes que intervienen en un proceso, a tal punto que si una persona no tiene en un momento dado, un defensor que vele por sus intereses, el proceso no puede avanzar.
El Sistema Penal Acusatorio, es un modelo en el cual los principios que lo rigen, tratan de resolver el conflicto sin llegar a un juicio final, se procura la solución a través de métodos alternos que al final, resultan más efectivos para devolver la paz social y restaurar la armonía en la sociedad.
