5:12 p.m. - PANAMÁ, Panamá. (ACAN-EFE).- Panamá evaluará en su momento si procede una solicitud de extradición de las autoridades colombianas contra la asilada exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) María del Pilar Hurtado, pero es poco probable que la acepte, informó hoy una fuente oficial.
"El gobierno nacional no va a variar su posición, mientras no se reciba una solicitud formal de extradición del gobierno de Colombia, una vez se reciba se procederá a evaluarla", señaló a Acan-Efe el vicecanciller panameño, Álvaro Alemán.
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha dicho en varias ocasiones y lo reiteró hoy en una actividad gubernamental, que la exdirectora del DAS se quedará en el país centroamericano.
Martinelli ha enfatizado que Panamá respeta el derecho al asilo, mientras la canciller colombiana, María Ángela Holguin, ha manifestado que su país no hará un problema de esto con su vecino del noroeste.
"Vamos a respetar la decisión de Panamá. Yo no voy a entrar en un conflicto con Panamá ni a pelear con Panamá por una decisión que ellos tomen", señaló la canciller colombiana a finales de mayo pasado.
Alemán indicó que la orden expedida por Colombia a través de la Policía Internacional (Interpol) no tiene efecto en el territorio panameño, "en virtud del asilo territorial que se le otorgó a la señora Hurtado".
Agregó que en materia de asilo, el país que lo otorga tiene el derecho de determinar si existen las condiciones que lo justifiquen.
La fiscal general de Colombia, Viviane Morales, pidió el miércoles a la Interpol difundir a través de una "circular roja" la orden de detención contra Hurtado, implicada en un caso de escuchas ilegales y asilada en Panamá desde noviembre pasado.
Hurtado está acusada de impartir instrucciones "para hacer seguimientos e interceptar teléfonos y correos de magistrados, políticos opositores, defensores de los derechos humanos y periodistas".
La misma fiscal Morales consideró el pasado 24 de mayo que la exdirectora del DAS era responsable de los delitos por los que se solicitaba su detención, así como de utilizar de forma indebida dineros públicos para soborno.