La supuesta lesión patrimonial causada al Estado en la compra de 448 llantas en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante el gobierno anterior sería estimada en $110 mil 948 con 35 centésimos.
Así lo determinó el informe de auditoría de la Contraloría General de la República, concluido el pasado 1 de septiembre y al que este medio tuvo acceso.
El documento fue enviado a la Fiscalía Tercera Anticorrupción el 4 de septiembre y ese mismo día se remitió al Juzgado Decimoquinto Penal que iba a celebrar la audiencia preliminar al exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén y a otros cinco acusados el 7 de septiembre. Pero la audiencia fue suspendida para que todas las partes tuviesen tiempo de analizar la auditoría.
El informe concluye que no hay documentación con un análisis u opinión técnica que justifique la compra de 448 llantas para 112 vehículos del PAN.
El contrato fue otorgado a la empresa Free Port Pty, S.A. cuyo accionista y dueño es Charles Sadat Bonilla, amigo del hijo homónimo de Guardia Jaén. “Llama la atención que la empresa vendió al PAN las llantas que le fueron suministradas por Tambor S.A., por un valor dos veces superior a lo facturado”, indica el informe.
Free Port Pty, S.A. compró las llantas a Tambor, S.A. en $52 mil 990 con 68 centésimos. El monto total del contrato fue de $169 mil 482 con 86 centésimos y de esa cifra se pagaron $5 mil 543 con 83 centésimos en impuestos al Tesoro Nacional.
Los auditores detectaron que había 160 llantas sin instalar en seis sedes regionales del PAN. Además, se compraron llantas para dos vehículos de la sede del PAN en Colón que se encuentran dañados. Se entregaron cuatro llantas menos de las que se pagaron y el jefe de almacén Edwin Serracín admitió que firmó el acta de entrega en blanco.
Junto a Guardia Jaén y Serracín, los auditores señalan a Ana Andrión, exjefa de Transporte del PAN, como responsables de la lesión patrimonial. Ni Bonilla ni su empresa Free Port Pty, S.A. fueron señalados como responsables de la lesión.
La audiencia preliminar de este caso fue programada para el 9 de octubre.
Tras su investigación, la fiscal Zuleyka Moore pidió juicio para Guardia Jaén, Andrión, Serracín y Bonilla por la posible comisión de los delitos de peculado y corrupción.