11:35 a.m. - PANAMÁ, Panamá. (DPA).- Colombia podría reducir su embajada en la capital panameña si el gobierno de Panamá se niega a entregar a María del Pilar Hurtado, ex jefa del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y acusada de espionaje, consideró hoy el especialista en derecho internacional Julio Berríos.
En declaraciones a la radioemisora KW Continente, Berríos consideró que el gobierno de Bogotá podría expresar su malestar de varias maneras, ante la renuencia de Panamá de extraditar a la ex funcionaria, acusada de escuchas y seguimientos ilegales en contra de dirigentes políticos opuestos al gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Hurtado está asilada en Panamá desde noviembre de 2010. El 22 de noviembre de 2010, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, adujo que el asilo no traerá repercusiones negativas, y negó que la decisión haya sido un "favor político" a su amigo Uribe, investigado en Colombia por actos contra el Estado.
Berríos recalcó que el gobierno de Bogotá no puede alterar una acción administrativa y soberana de Panamá, consignada en la figura del asilo territorial, pero sostuvo que el disgusto oficial suele ser expresado con la disminución de la representación diplomática.
Hurtado es reclamada por la fiscal general de Colombia, Viviane Morales, para que responda por su vinculación a uno de los casos más graves de espionaje en ese país.
Los cargos penales incluyen concierto para delinquir, interceptación ilegal de comunicaciones, abuso de función pública y falsedad en documentos.
Tras el escándalo, Jorge Lagos, ex jefe de contrainteligencia del DAS, admitió que el servicio secreto colombiano usó muñecas ensangrentadas para intimidar a "blancos políticos" y urdió campañas de desprestigio en contra de organizaciones no gubernamentales.
El secretario de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), Luis Pérez Casas, presentó el 23 de noviembre en el Ministerio Público panameño una denuncia penal contra Hurtado, por acciones inconstitucionales, pero no obtuvo resultados.
Al respecto, el ex vicepresidente y ex canciller panameño Samuel Lewis Navarro cuestionó a Martinelli y recordó que la ley vigente en Panamá establece con claridad las justificaciones para dar asilo.
Opinó que el polémico caso de Hurtado no concuerda con la figura de "persecución política" de la solicitante.