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EL FALLO ESTá EN EL PROCESO DE NOTIFICAR A LAS PARTES

Sentencia de 50 meses de prisión para Gustavo Pérez y Alejandro Garuz por caso pinchazos

La investigación se inició el 29 de julio de 2014.

Sentencia de 50 meses de prisión para Gustavo Pérez y Alejandro Garuz por caso pinchazos
Gustavo Pérez y Alejandro Garuz

El juez decimosexto penal, Enrique Pérez, declaró "penalmente responsables" a los ex secretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, como cómplices primarios del delito contra la libertad, "en su modalidad de delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad. El caso es conocido como pinchazos.

"En ese sentido, a ambos procesados se les condenó a la pena de 50 meses de prisión, y como pena accesoria se les impuso la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término, una vez cumplida la pena principal", se precisa en el comunicado divulgado este viernes 4 de enero por el Órgano Judicial.

Ambos procesados fueron condenados por el juez Pérez a 60 meses de prisión, pena que fue reducida en una sexta parte por haberse acogido a un proceso abreviado, quedándose en 50 meses de prisión. 

"Los señores Gustavo Adolfo Pérez De La Ossa y Alejandro Garuz Recuero brindaron una cooperación con la cual los actos delictivos, objeto de la presente investigación penal, no hubiesen podido llevarse a cabo”, sustentó el juez en su decisión.

Se conoció que el fallo no está en firme, ya que se encuentra en el proceso de notificar a las partes.

Garuz y Pérez estuvieron detenidos por este proceso desde enero de 2015. El juez Pérez le cambió en julio de 2017 la detención por impedimento de salida de país a Garuz, y en septiembre también le cambió la medida de detención a Gustavo Pérez por este proceso, pero este último sigue detenido en El Renacer por una condena por posesión ilegal de armas de guerra.

En este proceso también fueron señalados los exagentes del CSN Ronny Rodríguez y William Pittí, quienes nunca comparecieron al proceso. 

La investigación se inició el 29 de julio de 2014, cuando un testigo protegido reveló al Ministerio Público que en el CSN, en el edificio 150, planta alta, se llevaron a cabo interceptaciones de comunicaciones telefónicas, correos electrónicos, entre otros medios, contra más de 150 personas, entre ellos políticos, magistrados, periodistas, miembros de la sociedad civil y del Gobierno.


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